El objetivo del Gobierno en la vista que se celebra este martes en un juzgado belga por la demanda civil contra Pablo Llarena será el de evitar que se admita a trámite y frenar su recorrido jurídico. Para ello, la defensa del magistrado del Tribunal Supremo, encargada al prestigio bufete de abogados Liedekerke, alegará con total probabilidad falta de jurisdicción del tribunal belga en torno a esta cuestión.
La vista, que está señalada para las 9.30 horas de este martes, consistirá en una primera toma de contacto entre las partes y el juez, por lo que estarán presentes, por un lado, los abogados de Carles Puigdemont y de los otros exconsejeros huidos de la Justicia española, y, por otro, el prestigioso letrado belga Hakim Boularbah, contratado por el Ejecutivo para ejercer la defensa del magistrado Llarena.
Se trata pues de una comparecencia previa de alegaciones en la que los letrados de ambas partes expondrán sus posturas, previo paso a que el juez decida si admite o no a trámite la demanda. De hacerlo, se estaría ante el inicio del proceso que daría paso a la fase de presentación de alegaciones, mientras que si, por el contrario, el juez no ve motivos para abrir investigación, ésta se vería truncada ‘ad límine’.
Por ese motivo, la defensa del instructor del ‘procés’ planteará la inmunidad de jurisdicción dado que la demanda, aunque se presenta a título particular por “ausencia de imparcialidad” y “ensañamiento”, pone en cuestión la independencia del poder judicial español, con afirmaciones tales como que España es un estado delincuente, a la altura de Kazajistán.
Calendario de plazos
Esta audiencia preliminar servirá igualmente para que los letrados intercambien documentación en torno a la acción civil presentada y establezcan un calendario del procedimiento, de acuerdo con la legislación belga. En España, por el contrario, las fechas de los señalamientos las acuerdan los jueces.
En cualquier caso, los plazos marcados podrían coincidir en tiempo con la celebración del juicio en el Tribunal Supremo contra los 25 procesados en la causa por la deriva independentista en Cataluña, previsto para finales de este año.
La defensa del juez instructor ha estado envuelta en polémica después de que el Gobierno declinara en un primer momento hacerse cargo de la misma al considerar que se trataba una cuestión particular del magistrado. La presión ejercida por asociaciones de magistrados y el CGPJ, además de los informes favorables de la Abogacía del Estado, obligaron al Gobierno a rectificar y a anunciar que le defenderían “hasta las últimas consecuencias”.
Mientras tanto, las manifestaciones de apoyo al magistrado Llarena no han dejado de producirse. La última la ha protagonizado el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, quien en un comunicado ha mostrado su solidaridad al considerar que está objeto de “ataques intolerables”. Además, considera que bajo ninguna circunstancia un tercer Estado puede fiscalizar la inmunidad de la jurisdicción española.
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