Ferrovial logró adjudicarse contratos de obra pública en Cataluña por más de 665 millones de euros entre 1999 y 2003 que se consideran directamente relacionados con la trama de pago de comisiones que se produjo entre los responsables del Palau, los tesoreros de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) y dos responsables de la empresa constructora. Así lo señala la sentencia que dictó ayer la Audiencia Provincial de Barcelona que, no obstante, ha absuelto a los dos implicados de Ferrovial -Pedro Buenaventura y Juan Elízaga- por la prescripción de los delitos de administración desleal y tráfico de influencias de los que se les acusaba.
El juez admite incluso que no ha sido posible demostrar una relación directa de los altos responsables de la empresa constructora y la trama del caso, con lo que ciñe los hechos a estas dos personas, que actuaban, eso sí, en nombre de la compañía.
La sentencia constata que hubo un entramado a tres bandas en el que Ferrovial Agromán (filial del grupo), a través de dos de sus directivos, pagó contratos de patrocinio y otro tipo de prebendas al Palau, a cambio de que sus responsables utilizaran "el ascendente" que tenían sobre los dirigentes del partido en el gobierno de la Comunidad Autónoma (CDC) y apoyasen la concesión de varios proyectos de obra pública a la compañía. Los directivos de estaban acusados de entregar comisiones a CDC "como mínimo" de 6.676.105,58 euros a cambio de adjudicaciones de contratos.
Según el fallo, Félix Millet y Jordi Montull, directivos del Palau, "pactaron con el tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya, Carles Torrent, que Ferrovial entregaría dinero a CDC a cambio de que esta garantizase la adjudicación de un determinado volumen económico de obra pública de forma anual”. "Para ello,—continúa la sentencia— estos pusieron a disposición de los directivos de Ferrovial y miembros de CDC toda la estructura económica del Palau de la Música, para que pudieran ocultar el pago y cobro de las comisiones”.
Para garantizar la necesaria opacidad se utilizaron tres mecanismos distintos. En primer lugar, entregas en efectivo. Concretamente, 3.741.898,82 euros fueron pagados en mano al tesorero del partido (Carles Torrent y Daniel Osàcar) entre los años 2000 y 2007, ambos incluidos. Por otro lado, a través de convenios falsos de colaboración cultural con la Fundació Trias Fargas, vinculada al partido CDC. Con esta fórmula, se falsearon 630.655 euros, que fueron entregados entre los años 1999 y 2008, ambos incluidos. Por último, se realizaron pagos de "facturas mendaces", por valor de 2.303.552,16 euros, por servicios inexistentes de empresas que se prestaron a tal fin.
Como pago, según la sentencia, "hasta diciembre de 2003, el importe total de las obras adjudicadas a las UTES participadas por Ferrovial en aplicación del referido pacto, ascendió a 665.698.558,89 euros, de los cuales, 133.139.711,78 euros, fueron a Ferrovial, pues participaba en un 20% en las UTES". Entre ellas, se encontrarían las obras de la Línea 9 del metro o construcción de la Ciudad Judicial de Barcelona y L’Hospitalet.
Comisiones del 4%
En relación a estas obras, se llegó al acuerdo de que Ferrovial pagaría como comisión el equivalente al 4% del importe del total de las adjudicaciones obtenidas y esta cantidad se repartiría entre el partido, por un lado, y Millet y Montull, por otro, en un porcentaje de un 2,5% para el partido y un 1,5% para los dos directivos del Palau. A su vez, Félix Millet y Jordi Montull se repartían el porcentaje que les correspondía en un 80% para el primero y un 20% para el segundo.
No son los únicos contratos que se adjudicó la compañía. Desde enero de 2004 a noviembre de 2010, se adjudicaron a UTES participadas por Ferrovial obras por un importe total de 269.933.191,03 euros más. Sin embargo, en este caso, el juez señala que "no ha resultado acreditado que respecto de estas adjudicaciones se ejerciera influencia alguna por parte de ninguno de los encausados sobre el órgano de adjudicación".
Al margen de la compañía
Para el juez, este pacto se desarrolló sin que constase "el conocimiento ni la aquiescencia de los órganos colegiados de la entidad, ni de sus accionistas. La posición directiva de Pedro Buenaventura en Ferrovial y la intervención del Director de Relaciones Institucionales, Juan Elízaga, les permitió obtener de los máximos responsables de la empresa a nivel estatal el asentimiento al inicio y posterior mantenimiento anual, del patrocinio del Palau de la Música".
De la misma manera, sin que los altos órganos directivos del a compañía lo supieran, "este acuerdo criminal se mantuvo ininterrumpidamente desde antes del año 1999 hasta el 2009, cesando el mismo a raíz de la entrada y registro en las instalaciones del Palau de la Música acordada judicialmente en el presente procedimiento", concluye la sentencia.
Por su parte, Ferrovial se ha desvinculado de la sentencia y, en un comunicado, ha reiterado su convencimiento de que las adjudicaciones de obras en que participaba se realizaron siempre de forma regular y a la oferta con la mejor valoración económica. En dicho texto también se recalca que "la empresa ha sido ajena al destino final dado a los fondos que entregó al Palau de la Música a través de contratos de patrocinio".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios