Anticorrupción impugna la semilibertad de los banqueros en prisión de Novacaixa

  • La Fiscalía cree que deben volver al régimen ordinario y no salir cada día, como ahora, para trabajos de voluntariado con diversas ONG
Fotografía de exdirectivos de Caixanovagalicia
Fotografía de exdirectivos de Caixanovagalicia
L.I.

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la semilibertad de José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada, Gregorio Gorriarán y Ricardo Pradas, cuatro de los cinco exdirectivos de Novacaixagalicia que entraron en prisión en enero de 2017. Se trata de los primeros banqueros encarcelados por los excesos bancarios de la burbuja inmobiliaria. Todos ellos, con la colaboración del expresidente de la entidad Julio Fernández Gayoso -cuya prisión atenuada no se impugna- se aprobaron indemnizaciones millonarias tras pedir ayudas públicas para reflotar la caja, por lo que fueron condenados a dos años por apropiación indebida y administración desleal.

Anticorrupción cree que esos cuatro exdirectivos deben volver al régimen ordinario de cumplimiento de sus condenas a dos años de cárcel en el que estuvieron entre enero de 2017 y el pasado noviembre (10 meses). La fiscal Pilar Melero ha recurrido la decisión del juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, de permitirles salir cada día para trabajar en ONG para volver a dormir al centro penitenciario. Melero cree que no se han arrepentido de sus delitos y argumenta que la Audiencia Nacional les ha abierto una nueva causa por su gestión al frente de Caixanova por un quebranto de 80 millones en operaciones inmobiliarias que investiga el juez José de la Mata.

El juez De Castro acordó la prisión atenuada de todos ellos a lo largo del pasado año. El primero en obtenerla, el pasado julio, fue el expresidente Fernández Gayoso debido a su avanzada edad (85 años) ya a sus problemas de salud. Desde entonces, acude cada día a la fundación Érguete, dedicada a la rehabilitación de toxicómanos y otras personas desfavorecidas, a cuyos responsables auxilia en la contabilidad y en la búsqueda de subvenciones públicas. El antiguo ejecutivo permanece desde entonces en completa libertad con la obligación de cumplir esa tarea social y solo controlado por una pulsera telemática.

De la élite bancaria al Banco de Alimentos

La semilibertad de los otros cuatro encarcelados se acordó el pasado noviembre y fue mucho más restrictiva. En el caso de Pego, Estrada, Gorriarán y Pradas, el juez les permitió salir de prisión cada día durante unas horas para colaborar con el Banco de Alimentos de Vigo, una fundación de ayuda a discapacitados y programas de atención a indigentes, pero deben retornar cada día a dormir a la cárcel, y solo pueden hacerlo en sus domicilios en fines de semana alternos.

El juez tuvo en cuenta en los cinco casos que habían reconocido sus delitos y mostrado arrepentimiento y habían satisfecho las indemnizaciones derivadas de estos que se les impuso en la sentencia (10,4 millones de euros). También recordó en su resolución que habían cumplido más de un cuarto de sus condenas con buen comportamiento y que, este mismo mes de enero, al cumplirse la mitad de sus penas, podrían acceder al tercer grado si así lo estima Instituciones Penitenciarias.

Nueva querella contra Gayoso, Pego y Gorriarán

La fiscal Pilar Melero, sin embargo, se apoya en la nueva querella presentada por Anticorrupción contra Gayoso, Pego y Gorriarán por los supuestos delitos de administración desleal, simulación de contratos y blanqueo de capitales que fue admitida a trámite el pasado noviembre por el juez José de la Mata. En ella se les acusa de otorgar créditos para operaciones simuladas con el fin de favorecer negocios del expresidente de Caixanova Guillermo Alonso Jaúdenes y el exconsejero Fernando García del Valle, ambos fallecidos.

El ingreso en prisión de todos ellos se interpretó en su momento como una medida ejemplarizante. Su condena, a solo dos años de prisión -y después de que durante el juicio la fiscalía redujera su petición a 3 años-, supone en la mayoría de los casos la suspensión del encarcelamiento. Sin embargo la Audiencia decidió acordarlo después de que el Supremo, al confirmar su sentencia, la criticara por exigua y subrayara la especial gravedad de los hechos.

Ahora, la última palabra la tiene la sección primera de la Sala de lo Penal, la que se encarga vía recurso de revisar las decisiones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Sus magistrados decidirán en los próximos días si pueden seguir saliendo para realizar sus labores de voluntariado social o, por el contrario, deben seguir entre rejas sin la posibilidad, por el momento, de abandonar la cárcel cada día para volver a ella a dormir. 

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