El juez cita a Bárcenas para interrogarle por un presunto fraude de su esposa

  • El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar el próximo 11 de julio al extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas, imputado en el "caso Gürtel", para que declare en relación con la imputación por delito fiscal de su esposa Rosalía Iglesias.

Madrid, 28 jun.- El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar el próximo 11 de julio al extesorero y exsenador del PP Luis Bárcenas, imputado en el "caso Gürtel", para que declare en relación con la imputación por delito fiscal de su esposa Rosalía Iglesias.

Así lo han informado fuentes jurídicas que han añadido que ese mismo día Ruz ha citado también a declarar al exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y a su hermano, a quienes imputa los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible por la venta de un piso "para eludir presuntamente responsabilidades civiles".

En la declaración de bienes que Martín Vasco presentó ante la Asamblea de Madrid en 2010, el exdiputado autonómico aseguraba que sólo poseía el 50% de un piso de 179 metros cuadrados que compró con su mujer en 2005 y un vehículo BMW adquirido en 2008, ya que vendió a su hermano la parte de una casa familiar de la que era copropietario en Arganda del Rey (Madrid).

Martín Vasco ya estaba imputado en el "caso Gürtel" por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, entre otros, a los que ahora Ruz añade alzamiento de bienes e insolvencia punible, los mismos de los que acusa a su hermano, que hasta el momento no estaba imputado.

Además de teniente de alcalde de Arganda del Rey entre 1995 y 1999, Martín Vasco fue portavoz del PP en ese Ayuntamiento de 1999 a 2003, presidente de la empresa pública "Sociedad de Fomento de Arganda del Rey" (1997-1999) y consejero delegado de la también entidad pública "Fomento y Desarrollo Municipal S.A." (2003-2006).

Respecto a Rosalía Iglesias, el pasado 8 de junio, tras tomarle declaración el 18 de mayo, Ruz confirmó su imputación por un delito contra la Hacienda Pública ya que podría haber defraudado "una cuota de 222.112,58 euros al reflejar una supuesta ganancia patrimonial en cuantía de 558.196,97 euros como derivada de la transmisión de un elemento patrimonial adquirido" en 1987.

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