Las seis piezas separadas de la supuesta financiación irregular del PPCV

Valencia, 6 feb.- Las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, que tienen su origen en la investigación iniciada hace hoy cuatro años por el juez Baltasar Garzón sobre una presunta trama de corrupción, la red Gürtel, son las siguientes:

- Pieza primera: sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.

Se investiga si las deudas del PP valenciano con Orange Market, que organizó diferentes actos de campaña para los populares valencianos, fueron saldadas por otras empresas.

En esta pieza figuran como imputados los diputados autonómicos del PP Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, la exgerente regional del partido Cristina Ibáñez, el extesorero del PP Luis Bárcenas, y los máximos responsables de la trama Gürtel, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Hererro y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez "el Bigotes".

También están imputados los administradores de varias empresas, como Facsa, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Construcciones Hormigones Martínez y PIAF.

El juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, tomó declaración a varios imputados en abril y mayo pasados.

- Pieza segunda: sobre presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante las elecciones generales de 2008.

En esta pieza figuran como imputados la cúpula de la trama Gürtel, los mismos diputados que en la pieza anterior y los gestores de las empresas Facsa, Enrique Ortiz e Hijos, PIAF, Lubasa y Sedesa.

El juez Ceres tomó declaración a varios imputados en abril y mayo pasados.

- Pieza tercera: sobre posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market por el pabellón de Fitur entre 2005 y 2009, durante la etapa de gobierno de Francisco Camps. Es la investigación más avanzada, pues ha concluido su instrucción.

El juez citó a declarar entre abril y mayo pasados a una treintena de imputados, entre ellos los supuestos responsables de la red corrupta, empresarios y varios cargos del PP, como seis diputados autonómicos del grupo popular.

Ceres puso fin a la instrucción el pasado 12 de diciembre y procesó a varias personas, entre ellas el exvicepresidente del Consell Vicente Rambla y las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, al apreciar indicios de tráfico de influencias y prevaricación.

- Pieza cuarta: sobre presunta prevaricación y cohecho en la contratación de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con la mercantil Teconsa -inmersa esta semana en otra operación policial por blanqueo de capitales relacionada con su nuevo dueño, Ángel de Cabo, encarcelado a su vez por la operación Crucero- para la cobertura de la visita del papa a Valencia en julio de 2006, en los que pudiera haber intervenido el Grupo Correa.

Se investiga el suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía relacionadas con el quinto Encuentro Mundial de las Familias, así como la posible percepción de dádivas relacionadas con dicha contratación, presuntamente recibidas por el entonces director general del ente, Pedro García.

Abierta en febrero de 2013.

- Pieza quinta: sobre supuesto delito de prevaricación en la contratación entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa -a excepción de la contratación investigada ya en otra pieza anterior con la Agencia Valenciana de Turismo-.

Abierta en febrero de 2013.

- Pieza sexta: sobre supuestos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o alguna de las sociedades vinculadas a ella y derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas primera y segunda de la causa abierta.

En ellas se hacía referencia a delitos relacionados con el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto sobre sociedades de Orange Market correspondientes a 2007 y a un delito continuado de falsedad.

También se indicaba que, respecto de 2008, podían haberse cometidos delitos contra la Hacienda pública o contables o un delito continuado de falsedad.

Abierta en febrero de 2013.