Miércoles, 24.10.2018 - 05:33 h

Tres exaltos cargos de Baleares se sentarán en el banquillo por por amañar contratos por comisiones

El juez instructor del caso Ibatur (Instituto Balear de Turismo), centrado en un presunto desvío de millones de euros públicos a través del Instituto Balear de Turismo durante la última legislatura de Jaume Matas y del Pacte, ha puesto fin a la instrucción de una de sus piezas y ha abierto la vía para que se sienten en el banquillo los exaltos cargos R. A. , Juan Carlos Alía y Miquel Àngel Bonet, por concertarse con varios empresarios a fin de amañar contratos públicos y que éstos fuesen adjudicados 'a dedo' a cambio de comisiones.

PALMA DE MALLORCA, 17 (EUROPA PRESS)

El juez instructor del caso Ibatur (Instituto Balear de Turismo), centrado en un presunto desvío de millones de euros públicos a través del Instituto Balear de Turismo durante la última legislatura de Jaume Matas y del Pacte, ha puesto fin a la instrucción de una de sus piezas y ha abierto la vía para que se sienten en el banquillo los exaltos cargos R. A., Juan Carlos Alía y Miquel Àngel Bonet, por concertarse con varios empresarios a fin de amañar contratos públicos y que éstos fuesen adjudicados 'a dedo' a cambio de comisiones.

En concreto, el juez Pedro Barceló les imputa delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, falsedad en documento mercantil y público, tráfico de influencias, cohecho activo y cohecho pasivo. Del mismo modo, el magistrado ha acordado que continúe el proceso penal para los empresarios supuestamente beneficiados: Bartolomé Morey, Kamal Dorai y la mujer de éste, Francisca Jaume.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, el juez señala cómo Alabern y Alía, en su condición de directores gerentes del Ibatur, y Bonet, asesor jurídico de esta empresa pública, aprovecharon su cargo para resolver expedientes de contratación "de manera ilegal y arbitraria para favorecer económicamente" a los empresarios imputados, al tiempo que "obtenían beneficios con los porcentajes que sobre los contratos reclamaban y conseguían".

El caso Ibatur se inició en febrero de 2009 y desde entonces se han registrado en él hasta cinco operaciones policiales. Los investigadores apuntan a que el Ibatur efectuó principalmente entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

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