"Estamos actuando en justicia propia y los vamos a retener hasta mañana porque el asunto es grave: el asesinato de un mayor", dijo a la AFP Darío Tote, líder de la comunidad de Kokonuko, en el municipio de Puracé (en una zona montañosa a unas tres horas al sur de Cali), donde se encuentra también la jurisdicción de La Mina, el territorio en el que sucedieron los hechos.
Una asamblea de autoridades aborígenes de la región del Cauca central analizaron las causas de la muerte de Bolaños durante toda la jornada del martes, mientras los soldados permanecían bajo su custodia.
El tribunal indígena acusa a los militares del homicidio de Alfredo Bolaños, exgobernador comunitario de 70 años.
"Llegó el Ejército y disparó contra el exgobernador. Estaba solo en su casa y encontraron su cuerpo baleado frente a la puerta", declaró Tote.
Tanto el Ejército, como las autoridades indígenas, afirman que llamaron a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía y a otros organismos de la justicia ordinaria para que participen en una audiencia pública el miércoles en la que se investigará el caso y se iniciarán diligencias penales y disciplinarias contra los responsables.
El Ejército sostiene que abrieron fuego después de que "escucharon varios disparos que presumieron eran en su contra", dijo el cuerpo en un comunicado. "Acto seguido, se dio inicio a la búsqueda del cabildante, hallándolo sin vida", admitió el texto.
Consultado por la AFP, el Ejército negó temprano el martes que sus agentes estuvieran retenidos por el grupo indígena, pero fotografías de testigos mostraban a camionetas de la guardia comunitaria de La Mina escoltando a vehículos del ejército en el camino hasta llegar a la capital municipal.
La población indígena en Colombia es de unos 1,4 millones en 2005, según las últimas cifras oficiales.
La legislación colombiana reconoce la potestad de los indígenas de aplicar justicia por delitos cometidos en sus territorios.
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