El fiscal mantiene su petición de penas que suman 97 años de cárcel para 18 implicados en la 'Operación Plata'

  • Califica de 'desolador' la 'naturalidad' con la que la familia de 'La Guaja', núcleo duro de la banda, realizaba su actividad

Califica de "desolador" la "naturalidad" con la que la familia de 'La Guaja', núcleo duro de la banda, realizaba su actividad VALLADOLID, 25 (EUROPA PRESS) El Ministerio Fiscal mantuvo invariable su petición global de penas que suman 97 años de prisión y multas por importe de 49.640 euros para los dieciocho integrantes de una supuesta banda de narcotraficantes que entre los años 2006 y 2007 fue desarticulada por la Policía Nacional de Valladolid en la denominada 'Operación Plata', saldada entonces con la incautación de más de 1,6 kilos de cocaína, casi 900 gramos de heroína y distintos útiles para su corte y distribución, así como distintas armas de fuego. La fiscal, cuyo alegato se prolongó por espacio de casi dos horas, mantuvo en todo momento la "licitud" y "proporcionalidad" de las escuchas telefónicas sobre los teléfonos móviles de algunos de los procesados y las sucesivas prórrogas acordadas por el juez, después de que la policía madrileña descubriera una supuesta conexión entre traficantes de la capital de España y la del Pisuerga. La acusadora pública, en declaraciones recogidas por Europa Press, incidió en que la "excepcionalidad" en el uso de estas escuchas está más que justificada en el presente caso debido a que era la única línea de investigación posible debido a la complejidad del escenario a investigar, el barrio de Pajarillos de Valladolid, cuya configuración, en especial la calle Cuclillo, y las ramificaciones familiares existentes entre los implicados hacía harto complicada la labor policial. En cuanto a la estructura de la organización, la fiscal, haciendo suyo el testimonio de la policía, mantuvo que el núcleo duro lo integraban Lucía E.J. ('La Guaja'), sus dos hijos José Antonio ('Peluso') y Soraya R.E, así como la esposa del primero, María Milagros V.P. ('Marujina'). Respecto a éstos, la fiscal calificó de "desolador y lamentable la naturalidad con la que hablaban de las operaciones, con implicación incluida de menores. Toda la vida de esta familia ha girado en torno al tráfico de drogas". En un segundo escalón, los anteriores contaban con el auxilio de Manuel R.B. ('Manolete'), su hijo Antonio R.B. y Jonathan E.J, y en un nivel inferior de la escalera se movían otros de los imputados, los denominados 'lacorros' o 'lacorrillos' o toxicómanos esclavizados, entre ellos Alberto C.C. ('Canano'), Idoia O.P, Julián M.S.G, Ana Rosa S.B, Alfredo J.B. ('El Bule') y su esposa, Concepción G.E. EL ALMACÉN, UN PISO EN LA CALLE BRAÑAS En el caso de la droga llegada a Valladolid, la fiscal sostuvo que ésta era almacenada en un piso de la calle Brañas, en el barrio de España, propiedad de Jonathan E.J, y que luego era trasladada en menores cantidades a otro inmueble de la calle Arozín, en Vadillos, que ocupaban las hermanas Concepción B.E. y Asunción B.B, así como a otros pisos y también en pequeñas dosis para su tráfico al 'menudeo'. José Antonio R.E. ('Peluso') era el encargado de viajar a la capital de España para proveerse de mercancía en grandes cantidades que luego distribuía en Valladolid y también León, cometido este último a través de dos contactos que tenía en Mansilla de las Mulas, en este caso la pareja integrada por Miguel Ángel B.B. y María Blanca B.B, esta última en paradero desconocido y que al estar declarada en rebeldía será juzgada por separado en el momento en que sea detenida. Fue precisamente en uno de estos viajes realizado el 23 de junio de 2006 cuando 'Peluso' y Antonio R. fueron detenidos cuando viajaban a bordo de un turismo en el que la policía les ocupó casi 200 gramos de cocaína. A raíz de esa detención, y tras conocer por las escuchas que el resto de la familia estaba al corriente y había dado órdenes de deshacerse de pruebas, la fiscal explicó que la policía se vio obligada a "precipitar" el desenlace de la operación y a efectuar distintos registros domiciliarios, "todos de forma legal", en los que halló más pruebas incriminatorias.SIN MEDIOS LÍCITOS DE VIDA Además de la prueba fundamental que constituyen los 'pinchazos' telefónicos, en los que los procesados utilizan términos tales como 'niños', 'niñas', 'leche', 'café', 'rosquillas', 'zapatillas' o 'cenas', entre otros, para evitar referirse a la droga, la fiscal recordó que ninguno de ellos ha demostrado cómo se ganaba la vida. "No trabajaban en nada, salvo en la venta de droga", sentenció. La acusación pública solicita las penas más duras, en concreto nueve años de cárcel, para los presuntos cabecillas, José Antonio R.E ('Peluso'); su esposa, María Milagros V.P., así como para una hermana del primero, Soraya R.E, mientras que para el resto de los acusados interesa condenas que oscilan entre los seis y los tres años de prisión, junto con un conjunto de multas que se elevan a 49.640 euros. Tras el turno de la fiscal llegó el de las defensas, que invocan la nulidad de actuaciones por entender que durante la investigación se vulneraron numerosos derechos fundamentales, tanto en la realización de las intervenciones telefónicas, como en la prórroga de las mismas, el registro de los domicilios, la realización del acta de aprehensión y el análisis de las sustancias intervenidas. De los nueve letrados de la defensa, tan sólo dio tiempo para la exposición de las conclusiones de cuatro de ellos, por lo que los cinco restantes harán lo propio mañana, antes de que el juicio quede visto para sentencia.

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