El IIDMA acusa a la Junta de poner trabas a la hora de facilitar información medioambiental sobre centrales de carbón

Con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información, IIDMA denuncia los problemas que ha sufrido por parte de la CCAA de Castilla y León para acceder a documentos clave para la defensa del medio ambiente, documentos que las propias administraciones, recuerda, deberían facilitar al público según la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente.

Esta Ley, añade el IIDMA, refleja las obligaciones del Convenio de Aarhus, tratado internacional del que España es parte, y que también establece la obligación de que las administraciones difundan de forma activa la información medioambiental.

En base a esta Ley, IIDMA solicitó en febrero de 2016 a las CCAA que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes base sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la UE para evitar y reducir la contaminación de los entornos de las centrales.

Galicia fue la única comunidad que cumplió con el plazo de un mes establecido por la Ley, mientras que la de Castilla y León retrasó el proceso durante cuatro meses, "poniendo trabas a la democracia ambiental".

"El retraso en el acceso a la información podría esconder el escaso control de las Comunidades Autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas", critica el IIDMA, que apostilla que las comunidades autónomas son las encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los impactos ambientales de las centrales de carbón en España.

A pesar de que la Directiva de Emisiones Industriales de 2010 establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas, el IIDMA asegura que no ha sido posible acceder al informe base de centrales como Anllares, Compostilla, La Robla y Velilla.

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, que actualizó los permisos de las centrales en 2014, alegan que "el informe base de la instalación carece de sentido, en tanto en cuanto, la prolongada actividad de las centrales térmicas no puede garantizar datos previos de la actividad".

A juicio del IIDMA, este tipo de actitudes suponen un menoscabo del Estado de Derecho, ya que acaban obligando en ocasiones a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la ley.

"Las Administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para nuestro desarrollo democrático. La existencia de Leyes que garantizan el derecho de acceso a la información es un avance, pero no sirve de nada si las instituciones públicas no las respetan", afirma Ana Barreira, directora del IIDMA.