El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente reclama más transparencia a Asturias

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), una de las principales organizaciones sin fines de lucro de derecho medioambiental de España, reclama al Principado de Asturias que cumpla con su obligación legal de facilitar el acceso a la información medioambiental, "algo que está incumpliendo de forma reiterada", sostiene el organismo.

Con motivo del Día Internacional del Acceso a la Información, IIDMA advierte de los problemas que ha sufrido por parte del Principado de Asturias para acceder a "documentos clave" para la defensa del medio ambiente, "documentos que las propias administraciones deberían facilitar al público según la Ley de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Gratuita en materia de Medio Ambiente".

Esta Ley refleja las obligaciones del Convenio de Aarhus, tratado internacional del que España es parte, y que también establece la obligación de que las administraciones difundan de forma activa la información medioambiental.

En base a esta Ley, IIDMA solicitó en febrero de 2016 a las CCAA que cuentan con centrales de carbón en su territorio los informes base sobre la situación del suelo y las aguas subterráneas para analizar si están cumpliendo o no con las obligaciones establecidas por la legislación de la UE para evitar y reducir la contaminación de los entornos de las centrales.

IIDMA destaca que Galicia fue la única comunidad que cumplió con el plazo de un mes establecido por la Ley. "La Comunidad Autónoma de Asturias sigue sin aportar la documentación requerida, poniendo trabas a la democracia ambiental", señalan desde el Instituto.

Afirman que el retraso en el acceso a la información "podría esconder el escaso control de las Comunidades Autónomas sobre la posible contaminación del suelo y las aguas subterráneas" y destacan que las Comunidades Autónomas son las encargadas de velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los impactos ambientales de las centrales de carbón en España.

La Directiva de Emisiones Industriales de 2010 establece la obligación de presentar un informe base sobre el estado del suelo y de las aguas subterráneas, una información que IIDMA ha solicitado respecto a las centrales de Aboño, La Pereda, Lada, Narcea y Soto de Ribera, y que no ha sido satisfecha.

"Esta actitud supone un menoscabo del Estado de Derecho, ya que obliga a las organizaciones como IIDMA a litigar por lo que en realidad son derechos reconocidos por la ley. Las administraciones están sujetas a derecho igual que los ciudadanos, y el hecho de que se obstaculice la defensa de un medio ambiente sano a la sociedad civil es un retroceso para nuestro desarrollo democrático. La existencia de Leyes que garantizan el derecho de acceso a la información es un avance, pero no sirve de nada si las instituciones públicas no las respetan", afirma la directora del IIDMA, Ana Barreira.