Bogotá, 31 ago.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) revisó en la capital colombiana sentencias y medidas provisionales, y supervisó casos de cumplimientos y denuncias de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, El Salvador y Venezuela, informaron hoy a Efe fuentes del alto tribunal.
Los magistrados celebraron en Bogotá su 92 período de sesiones, desde el pasado 22 de agosto, que se clausurará mañana.
La semana pasada, la Corte estudió casos relativos a presunta discriminación por orientación sexual de la jueza lesbiana chilena Karen Atala, o de restricciones a la libertad de expresión y la vida privada, en una vista pública de los periodistas Jorge Fonteveccia y Hector D'Amico.
Los dos revelaron que existía un hijo extramatrimonial del expresidente Carlos Menem.
Otras dos audiencias analizaron la situación de cárceles brasileñas, entre ellas la de Urso Branco, en la periferia de la ciudad de Porto Velho del estado de Rondonia de Brasil, a la que la CorteIDH levantó las medidas provisionales que regían desde 2002.
También estudiaron el caso de la Unidad de Internación Socioeducativa (UNIS), del estado de Espíritu Santo, también de Brasil, al que los representantes estatales solicitaron el levantamiento de las medidas provisionales, lo que fue aplazado.
Los fallos, tanto de las audiencias públicas como de los estudios de casos a puerta cerrada, se dictarán, algunos en breve y otros en pocos meses, e inicialmente se notificarán a la partes, según las fuentes del tribunal interamericano.
Desde el pasado lunes, los magistrados se dedicaron al estudio, a puerta cerrada, de varios casos de Argentina, El Salvador, Ecuador y Venezuela.
El primer análisis correspondió al llamado "Caso Torres y otros vs. Argentina", presentada ante el tribunal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en abril de 2010.
La vista estudió la presunta responsabilidad de Argentina por la supuesta detención arbitraria, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres, el 2 de octubre de 2003, en Comodoro Rivadavia.
Asimismo, la posterior supuesta falta de debida diligencia estatal en la investigación de los hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de sus familiares.
El "caso Contreras y otros vs. El Salvador" fue también analizado en Bogotá tras haber sido recibido el 28 de junio de 2010.
La CIDH estudió este caso por cuanto supuestamente el Estado habría incurrido en "responsabilidad internacional por la desaparición forzada" de los menores Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez y José Rubén Rivera entre 1981 y 1983.
En esa época miembros de diferentes cuerpos militares realizaron operaciones de contrainsurgencia en el marco del conflicto armado en el país centroamericano.
Contra Ecuador fue analizado el caso Salvador Chiriboga, sobre el que en mayo de 2008 la CorteIDH, mediante una "sentencia de excepciones preliminares y fondo", encontró "responsable internacionalmente al Estado por violación a artículos de la Convención Americana", en perjuicio de Salvador Chiriboga.
También fue analizado el caso Grande vs. Argentina, presentado el 4 de mayo de 2010 por la CIDH ante el tribunal en contra del Estado por haber sometido supuestamente a Jorge Fernando Grande, presunta víctima, a un procedimiento penal marcado por irregularidades y demora indebida.
Finalmente, la Corte analizó la posibilidad de dictar sentencia "sobre eventuales fondo y reparaciones" en el "caso López Mendoza vs. Venezuela".
Entre el miércoles y este jueves los magistrados estudiaron "la alegada responsabilidad internacional por inhabilitar por vía administrativa a Leopoldo López Mendoza respecto del ejercicio de la función pública en presunta contravención de los estándares convencionales así como la alegada violación de diversas garantías judiciales".
A López, opositor exalcalde del municipio venezolano de Chacao, se le impuso una sanción administrativa que le impide ejercer cargo alguno.
El político venezolano, líder de Voluntad Popular, aguarda el fallo de la CorteIDH que puede definirse en Bogotá, pero solo será divulgado "en breve" en San José de Costa Rica, sede del tribunal.
Los miembros de la Corte que han analizado los distintos casos son su presidente, el peruano Diego García-Sayán, y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Margarette May Macaulay (Jamaica), Rhadys Abreu (R.Dominicana), Alberto Pérez (Uruguay) y Eduardo Vio Grossi (Chile).
Durante el período, la CorteIDH también organizó el seminario internacional "Experiencias comparadas: fortaleciendo la protección de los derechos humanos, a través del diálogo jurisprudencial", con participación de expertos internacionales.
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