Guatemala, 30 mar (EFE).- La Comisión contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual es dirigida por el jurista español Carlos Catresana, investiga a 32 militares retirados, entre ellos cuatro ex ministros de la Defensa, por delitos de corrupción ocurridos entre 2000 y 2004.
Una fuente de la Fiscalía Especial que trabaja en apoyo a la CICIG dijo hoy a Efe que "todos los militares investigados ocuparon cargos importantes dentro de la estructura del Ministerio de la Defensa durante el Gobierno de Alfonso Portillo" (2000-2004).
La investigación de la CICIG, agregó la fuente, "busca determinar la responsabilidad de los militares en el desvío de 905 millones de quetzales (unos 113 millones de dólares) del presupuesto del Ministerio (de la Defensa), los cuales desaparecieron en ese período".
Entre los militares investigados se encuentran los ex ministros de la Defensa Juan de Dios Estrada Velásquez, Eduardo Arévalo Lacs, Álvaro Méndez Estrada y Robin Macloni Morán.
Según publica hoy el local diario Prensa Libre, la CICIG también investiga por este hecho al ex presidente Portillo, quien, por aparte, también es investigado y procesado ante otro tribunal, por otro caso de corrupción.
La semana pasada un juez penal ordenó "arresto domiciliario" en contra del general retirado Enrique Ríos Sosa, hijo del general golpista Efraín Ríos Montt, y dos militares más, a los que ligó al proceso por este mismo caso.
Fuentes judiciales aseguraron a Efe que en las primeras horas de hoy se presentaron de forma voluntaria ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal, el cual conoce este caso, los coroneles retirados Sergio Cárdenas y Randolfo Chacón, contra quienes existía orden de captura.
La millonaria malversación de los fondos de la institución armada se registró cuando Portillo gobernó Guatemala con el derechista partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), que lidera Ríos Montt, actual diputado al Congreso.
Portillo, quien huyó a México luego de cumplir su mandato el 14 de enero de 2004, se entregó a la justicia y fue extraditado a Guatemala el 7 de octubre de 2008 para responder por los delitos de corrupción durante su administración.
La administración de Portillo, según medios locales, ha sido una de las más corruptas de la historia del país.
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