La sentencia publicada ayer que absuelve al expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, y al ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por sus millonarias indemnizaciones a escasos meses del preconcurso de la compañía, siembra de dudas la segunda causa por la caída de la energética. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno mantiene abierta otra investigación contra ambos por falsedad de cuentas anuales y distribución de información económica financiera falsa. La resolución conocida ayer, sin embargo, subraya como hecho clave para afirmar su inocencia que las cuentas cuya validez está en duda no han sido reformuladas pese a que el gobierno de la sociedad es "muy distinto" al de 2015, cuando tuvo lugar su presunto falseamiento.
La causa que sigue viva en la Audiencia Nacional está íntimamente conectada con la que acaba de terminar con la exoneración de ambos directivos. Tanto el fiscal como el resto de acusaciones atacaban las indemnizaciones de 11,4 y 4,4 millones que se llevaron Benjumea y Sánchez por su presunto conocimiento de la supuesta mala situación de la compañía cuando las aprobaron en los órganos de la empresa a principios de 2015. Sin embargo, la sentencia absolutoria niega que existan pruebas de que ambos se conjuraran para llevarse esos resarcimientos en perjuicio de la compañía.
Tras exponer que los contratos que establecían esos pagos para los números uno y dos de Abengoa se hicieron por imperativo de la Ley de Sociedades de Capital y que, en su redacción, los órganos directivos de la compañía estuvieron correctamente asesorados, en la parte final de la sentencia, la sección cuarta de la Audiencia Nacional recoge lo que considera "otra prueba más de la inexistencia de conductas irregulares" por parte de Benjumea y Sánchez: las cuentas de la compañía no han sido reformuladas y la principal perjudicada, la propia empresa, no se ha personado en la causa.
El tribunal subraya, así, "la ausencia de constancia de que los estados contables de Abengoa SA hayan sido sometidos a reexpresión o reformulación". También resalta "la falta de reclamación" por parte de la sociedad, "cuyo gobierno corporativo interno es muy distinto al existente en 2015 [cuando se aprobaron y cobraron las indemnizaciones y se presentaron las cuentas supuestamente falseadas] y ha tenido múltiples oportunidades procesales para personarse en las actuaciones o, al menos, reclamar lo presuntamente mal abonado a sus antiguos máximos ejecutivos, sin que lo haya efectuado".
Ambos datos son relevantes para la causa que sigue investigando el juez Moreno, aunque es totalmente independiente y no está sujeto a las apreciaciones de la Sala. Tras presentar el preconcurso, la compañía ha tenido que reestructurar su deuda, lo que ha supuesto una quita del 70% para los antiguos bonistas de la compañía. Pero las cuentas de 2015, las que la causa de Moreno considera presuntamente falsas, efectivamente, no se han reformlado. Abengoa tampoco se ha personado hasta el momento en este segundo caso contra los antiguos máximos responsables de la compañía.
El juez archivó el caso
Esta segunda querella contra Benjumea y Sánchez, presentada por la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, fue rechazada inicialmente por el juez en abril de 2016, pero en noviembre de ese mismo año, la sección cuarta de la Audiencia -la misma que ahora los ha absuelto por sus indemnizaciones- le ordenó admitirla e iniciar la investigación. Hasta el momento, Moreno solo ha recabado documentación sobre la situación económico-financiera de la compañía sin que haya tomado declaración a ambos imputados.
Los querellantes ponen en cuestión los resultados anunciados por la compañía en el primer semestre de 2015 cuando la cúpula de Abengoa, semanas antes de anunciar la fallida ampliación de capital que finalmente la hundió, alardeaba de un crecimiento del Ebitda del 9%, un fuerte incremento en la contratación y un beneficio neto de 72 millones, es decir, un 5% más del obtenido en el ejercicio anterior. Solo un año después, la compañía reveló que a lo largo de todo ese ejercicio, las pérdidas habían superado los 1.062 millones de euros.
"El simple contraste de ambas informaciones pone de manifiesto bien a las claras la incompatibilidad entre las informaciones financieras ofrecidas", mantenía la Plataforma de Perjudicados en un escrito presentado en diciembre de 2016. "Solo una de ambas puede ser al tiempo cierta, y visto el ruinoso final de la compañía parece bien claro que solo la segunda puede serlo", añadía el documento.
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