La Audiencia Nacional investiga a una decena de ejecutivos de Urbas por inflar la última ampliación de capital de la inmobiliaria en su propio beneficio. Las acciones sujetas a esta investigación judicial no están admitidas a cotización por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Pese a ello, los investigadores sospechan que el presidente de la compañía, Juan Antonio Ibáñez Fernández, estaría vendiendo parte de sus títulos fuera del circuito legal. El Juzgado Central 4, el que investiga el caso, no ha prohibido por el momento esas operaciones, pero cree que su valor es mucho menor del declarado por la compañía.
La ampliación de capital, de 384,4 millones de euros, fue urdida en 2015 por el consejo de administración de Urbas. Consistió en la aportación no dineraria del 100% del capital de otra sociedad, Aldira Inversiones, de la que varios consejeros de la inmobiliaria eran socios. Esa operación, según la investigación, se puso en marcha falseando el valor real del patrimonio de Aldira, cuyas fincas fueron tasadas, según el juez Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, de forma "totalmente irreal e injustificada", lo que "desvirtuaba completamente el sentido de la operación". Ese incremento artificial del valor de los inmuebles de Aldira fue diseñado supuestamente por los miembros del consejo de Urbas.
Fuentes de la investigación sospechan que el presidente de la compañía, Juan Antonio Ibáñez, se estaría deshaciendo de parte de esos títulos -los relativos a la ampliación de capital supuestamente fraudulenta- pese a que esas acciones no están admitidas a cotización. Se trata, según esas mismas fuentes, de una operación, en principio, legal y no prohibida por el juzgado. Advierten sin embargo del enorme riesgo que supone adquirir los valores al margen del circuito oficial por las dudas sobre su valor real. Esas compraventas serían negocios privados sin ningún tipo de supervisión gubernamental.
Fuentes empresariales cercanas a Urbas señalaron esta semana que el empresario alcarreño había ofrecido las acciones de su compañía a varios inversores, con el objetivo de obtener unos ingresos extra para el funcionamiento de la compañía. Se trataría, en cualquier caso, de operaciones entre particulares y promovidas por el empresario, que han trascendido entre el tejido empresarial de una localidad tan pequeña como Guadalajara, y que se estiman en un entorno cercano a los 3 millones de euros.
Investigado un socio de Grant Thornton
El caso Urbas estalló el pasado 13 de septiembre con los registros de las sedes de la compañía en Madrid y Guadalajara. Además de los miembros del consejo de administración, entre los imputados se encuentra un socio de la auditora Grant Thornton, Alfredo González del Olmo, que avaló como experto independiente las participaciones de Aldira y su patrimonio inmobiliario días antes de que se aprobara la ampliación. El juez Andreu considera que las conclusiones de su informe "son completamente irracionales y opuestas a la legalidad y tuvieron como única finalidad justificar la ampliación de capital con pleno conocimiento del engaño que incluían".
A mediados del pasado enero, en su declaración como imputado ante el instructor, González Olmo se desvinculó del fraude asegurando que toda la información que manejó se la facilitó Urbas y que las tasaciones presuntamente infladas a las que dio validez procedían de tasadoras acreditadas. La querella de Anticorrupción, sin embargo, sostiene que la mayoría de esos informes de tasación se encontraban caducados en el momento de aprobar la integración de Aldiera en Urbas y que en la valoración de las fincas e inmuebles a los que se referían, no se siguieron los criterios legalmente establecidos.
Los delitos imputados a los investigados son los de estafa, contra el mercado y los consumidores y administración desleal. Además del presidente de Urbas, Juan Antonio Ibáñez, y el socio de Grant Thornton Alfredo González del Olmo, también están imputados los consejeros Julia María Moreno, José Antonio Bartolomé, José Humberto Ávila, Juan Antonio Acedo y Luis Ramos Atienza, entre otros. Las pesquisas de la Audiencia y Anticorrupción se basan en informes redactados por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda y la la Intervención General del Estado (IGAE).
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