Marc Martí facturó más de 200.000 euros al Palau por trabajos dudosos. Así queda probado en la sentencia del caso Palau, que le absuelve de la acusación de falsedad en documento mercantil cometido por particular al haber prescrito los hechos que se le atribuían. Sin embargo, no es la primera vez que el nombre del publicista aparece en una investigación policial. El pasado septiembre, la sede de su empresa fue registrada por la Guardia Civil en el marco de las pesquisas por el 1-O, según confirman fuentes del Instituto Armado.
Así, según explica el juez en la sentencia la empresa de Martí, “con el propósito de colaborar para que CDC pudiera recibir el dinero que le entregaban desde el Palau Félix Millet y Jordi Montull, facturó mendazmente a la Fundació 102.988,45 euros en 2006 (a través de dos facturas, una de junio por 19.975,20 euros y otra de diciembre por 81.735,65 euros) y 134.401,64 euros en 2007 (a través de dos facturas, una de mayo por 84.925,92 euros y otra de septiembre por 49.127,72 euros)”.
Estas facturas, además, “se pagaban con los fondos previamente ingresados por Ferrovial”, asegura la sentencia. Y continúa: “Todas las facturas abonadas por la Fundació con dichos fondos eran falsas, pues no respondía ninguna de ellas a una verdadera prestación de servicios para el Palau”.
No fue hasta el 25 de septiembre de 2012, cuando su nombre apareció en un informe de Hacienda, que en sede de instrucción se dictó resolución judicial en la que se acordaba tomar declaración en calidad de imputado a Marc Marti. Allí, declaró que entre 2006 y 2007, su compañía fue contratada para confeccionar los anuncios de la institución musical en banderolas y otros soportes publicitarios. Sin embargo, como el proceso se dirigió contra él cuando habían transcurrido más de cinco años entre la emisión de la última factura y la resolución judicial, el delito ha prescrito, por solo 20 días, y Martí ha quedado absuelto.
Vinculado con el 1-O
A pesar de haber salido indemne de este proceso, no es el único problema al que se enfrenta este empresario. El pasado septiembre, la Guardia Civil intervino cerca de 100.000 carteles, que pesaban alrededor de una tonelada y media, de publicidad del referéndum del 1 de octubre en una nave industrial de la empresa Marc Martí, en el barrio barcelonés del Poblenou.
Los carteles, de medida pequeña y escondidos en palés, reproducían la publicidad que la Generalitat impulsó tras convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre, que incluía una fotografías de una bifurcación de una línea férrea con la pregunta "Naciste para decidir, ¿vas a renunciar?". Además, se encontraron otras pancartas en las que “expresamente se invita a votar sí".
La lentitud con la que se ha desarrollado el caso Palau ha provocado que Martí no sea el único absuelto. También han eludido una condena Pedro Buenaventura Cebrián, exdirector territorial de Ferrovial en Barcelona; Juan Elízaga Corrales, director de relaciones institucionales de Ferrovial, y Rosa Garicano Rojas, exdirectora general del Palau.
Los dos primeros se adjudicaron contratos de obra pública en Cataluña por más de 665 millones de euros entre 1999 y 2003, que se consideran directamente relacionados con la trama de pago de comisiones que se produjo entre los responsables del Palau, los tesoreros de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) y dos responsables de la empresa constructora.
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