El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó hoy que las ayudas otorgadas por Castilla-La Mancha a las compañías de telecomunicaciones Cellnex Telecom y Telecom Castilla-La Mancha son ilegales e incompatibles con el mercado interior, por lo que la región tendrá que recuperarlas.
La sentencia del TJUE valida la decisión de la Comisión Europea (CE), que en 2014 declaró ilegales estas subvenciones por valor de 46 millones de euros al considerar que estos operadores de plataformas terrestres consiguieron una ventaja selectiva sobre sus competidores.
Entonces, el Estado español, por una parte, y ambos operadores de plataforma de televisión, por otra, interpusieron sendos recursos de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea, que los desestimó. El Tribunal General señaló entonces que la actividad que realizaban las empresas no podía ser calificada como "servicios de interés económico general", sino que se trata de una actividad de carácter económico sujeta, por tanto, a las normas de competencia de la Unión Europea.
Los operadores reprocharon ante el TJUE que el Tribunal General había aplicado erróneamente la jurisprudencia, según la cual la definición de los "servicios de interés económico general" por un Estado miembro solo puede ser puesta en tela de juicio por la Comisión "en caso de error manifiesto".
El Tribunal de Justicia señala que el Tribunal General no incurrió en "ningún error" sobre la definición de un Estado miembro de un "servicio de interés económico general". Además, el TJUE considera que la facultad de los Estados miembros para definir los servicios de interés general "no es ilimitada" y expone que la jurisprudencia anterior no sólo exige que se determine si la empresa está encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público, "sino también si esas obligaciones están claramente definidas en el derecho nacional".
En el marco de los esfuerzos para la digitalización de la Unión Europea, emprendidos en 2002 por la Comisión Europea, España puso en marcha un programa de financiación pública para extender el uso de la televisión digital terrestre por todo el territorio estatal. Castilla-La Mancha se encontraba en la llamada zona II, que comprende regiones remotas en las que solo vive el 2,5% de la población española y en las que las empresas de radiodifusión no invertían en digitalización por el escaso interés comercial.
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