El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, era el cerebro de todo. Contratistas de obra pública de ese gobierno autonómico financiaron al PP de de ese territorio durante las campañas electorales de las autonómicas y municipales de 2007 y en las generales de 2008, en las que el candidato a la presidencia del Gobierno era Mariano Rajoy. Esas empresas llegaron a pagar actos del exalcalde de Castellón y expresidente valenciano Alberto Camps y de la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo. El dinero se pagaba directamente a Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel. A veces, con facturas falsas por servicios jamás prestados. Otras, directamente y sin declarar a Hacienda. Y el entonces gerente y después tesorero del PP nacional, Luis Bárcenas, estaba al tanto de todo.
La confesión del ex 'número dos' del PP de Valencia, Ricardo Costa, durante el juicio por la rama valenciana del caso Gürtel no ha dejado títere con cabeza. Incluso ha reconocido que el entramado de Francisco Correa pagaba el vestuario de Camps, algo por lo que tanto este último como Costa fueron absueltos por un jurado popular en 2012, frente al que comparecieron acusados de cohecho pasivo impropio (aceptar regalos) supuestamente a favor de contratos públicos. "Soy consciente de lo que estoy diciendo", declaró Costa en el único momento en el que su gesto expresó algo de emoción. "Conocí esos hechos y no los denuncié. Quiero pedir perdón a la sociedad española y a la valenciana; y a mi familia, que va a sufrir las consecuencias".
Detrás de esos pagos confesados por Costa, que vienen a confirmar la financiación en B del PP de Valencia, se encontraba todo un entramado de constructoras cuyos principales responsables han reconocido los hechos y han abonado su responsabilidad civil a cambio de una rebaja en sus penas. En total, todas ellas abonaron a Orange Market 2.035.920,82 euros. La mayoría de ese dinero, sirvió para que la empresa de Francisco Correa -que dirigía Álvaro Pérez, 'El Bigotes'-, organizara actos correspondientes a la campaña de las autonómicas de 2007. En concreto, 78.878,83 euros fueron a las municipales (coordinadas, según Costa, por Bárcenas) y otros 801.810,56 euros financiaron mítines de las generales cuyo cabeza de lista era Rajoy.
Entre las contratistas de obra pública implicadas se encuentra la constructora castellonense Piaf SL que entregó 26.912 euros para las autonómicas y municipales de 2007. Parte de ese dinero sirvió según Costa, para la financiación de la campaña del PP en Castellón, cuyo candidato a la alcaldía era Alberto Fabra. También aportó a los gastos electorales del partido otros 4.400 euros que fueron empleados en la campaña de las generales de 2008. Todos esos gastos se justificaron mediante dos facturas falsas por servicios que no prestó jamás Orange Market a Piaf. Entre los conceptos señalados, "vallas publicitarias" o "publicidad". La empresa de El Bigotes llegó a elaborar una tercera factura, pero no la entregó pese a que Piaf sí hizo el pago.
Condenas sustituibles por multas
Los hermanos Alejandro y Antonio Pons Dols, ambos consejeros de la constructora, han alcanzado un pacto con la fiscalía por el que reconocen los hechos. Cada uno de ellos ha aceptado una pena de un año y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. Al no superar los castigos pactados los dos años de cárcel, muy probablemente no ingresarán en prisión. Tras el acuerdo con Anticorrupción, el Ministerio Público explicó además que esas condenas de cárcel podrían ser sustituidas por multas.
La empresa que más comisiones pagó por este método al PP fue FACSA y Aguas de Castellón. La suma total aportada para actos de las tres elecciones ascendió a 405.668 euros. Orange Market, la empresa que recibía directamente los pagos, también extendió facturas falsas por "publicidad", aunque otras se emitieron por conceptos tan vagos como "análisis de identidad corporativa", "manual de procedimiento" o "diseño de estrategia". Otros pagos se justificaron por actos y 'stands' en ferias comerciales. Su administrador, Enrique Gimeno Escrig, ha aceptado, como los gestores de Piaf, un año y nueve meses de cárcel por los mismos delitos.
De esos dos millones largos, 199.520 euros procedieron de las empresas Grupo Vallalba, CHM Obras e Infraestructuras y Pavimentos del Sureste, todas ellas con contratos con la administración, lo que les impedía hacer donaciones a partidos políticos. Los hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna, con puestos en los consejos de las tres compañías, han aceptado las mismas penas que los antecesores por los mismos delitos. A José Enrique Fresquet, consejero de Pavimentos del Sureste, solo le acusa el PSOE valenciano, que reclama para él un año y medio de cárcel. La operativa de la promotora Lubasa fue similar. Su administrador Gabriel Batalla también ha 'cantado' a cambio de un castigo más suave.
Los amaños de Ortiz con Castedo
Los dos últimos contratistas son, probablemente, los más señalados políticamente. El constructor Enrique Ortiz, conocido por sus supuestos amaños con la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, procesada y a la espera de juicio por favorecer al empresario en el caso Brugal. Su empresa entregó a Orange Market 348.115 euros también justificados con facturas falsas. Vicente Cotino Escriba (presidente de Sedesa Obras y Servicios, actualmente Ezentia) aportó 150.684 euros. Se trata del sobrino del exdirector general de la Policía, exconsejero de Bienestar y Agricultura y expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.
Todos ellos tendrán que declarar en los próximos días en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional ante el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia. Aunque, tras escuchar la completísima confesión expuesta ayer por Ricardo Costa, se antoja difícil que sus declaraciones vayan a deparar grandes sorpresas. A Anticorrupción, el abogado del Estado y el resto de acusaciones, les basta con que confirmen la versión del antiguo 'número dos' del partido al que trataban de sobornar para llegar a una condena que, hoy por hoy, parece segura.
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