La AUGC de Cáceres valora la "consecución de derechos laborales" para los agentes por su asesoría jurídica en 2016

Unos resultados que la Asesoría Jurídica, representada por la letrada Paloma Lobato, ha conseguido "tanto en vía penal, contenciosa y disciplinaria", según informa AUGC-Cáceres en nota de prensa.

Entre sus actuaciones, AUGC ha destacado el contencioso estimado en la participación en un curso de especialización, así como la indemnización por el cambio de un servicio "incumpliendo la normativa de la jornada laboral"; una responsabilidad patrimonial por incumplimiento del descanso semanal, o la convalidación del título de bachillerato, que "ha conseguido que un compañero pudiese ocupar una vacante específica".

En el área disciplinaria, AUGC valora que "se ha conseguido la caducidad y archivo de una sanción", así como la imputación de varios delitos a un suboficial de esta Comandancia en el Juzgado Togado Militar de Madrid, y que está pendiente del pronunciamiento.

También ha valorado este colectivo la reciente sentencia firme del Tribunal Supremo dictada a principios de mes y en la que "se anulaba la sanción impuesta por un sargento a un guardia civil", ambos destinados en la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y por la que fue sancionado el referido guardia civil con cuatro días de haberes.

Señala AUGC que con esta sentencia "se confirma lo expuesto durante el proceso por la Letrada de la asociación", y se "ha demostrado la mala fe del suboficial, por no haberse encontrado elemento alguno para calificar lo expuesto por éste, como una sanción disciplinaria", señala.

Así, la Asociación Profesional se congratula con el fallo judicial emitido por el Tribunal Supremo, que considera "ajustado a derecho", y con el que a su juicio que "demostrado la falsedad de los hechos sancionados, y la aplicación torticera del régimen disciplinario por parte de este suboficial".

La Asociación Unificada de la Guardia Civil cuenta con más de 600 afiliados en la provincia de Cáceres y más de 30.000 a nivel nacional, y en la que provincia cacereña, recuerda, lleva "más de 15 años luchando por los derechos de todos los guardias civiles, y defendiendo a todos sus afiliados ante los poderes públicos de toda acción que lesione sus intereses o su imagen".

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