Bruselas dice que el cierre de webs del 1-O se producen por orden judicial y dentro del marco constitucional

La Comisión Europea ha advertido este martes de que no tiene "nada que decir" sobre el cierre de páginas web relacionadas con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña porque son actuaciones realizadas por orden judicial y dentro del marco constitucional español.

"No tenemos nada que decir más allá de lo reiterado: Nuestro respeto por el marco legal y el orden constitucional, dentro del cual se han llevado a cabo todas esas medidas", ha replicado el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, al ser preguntado en una rueda de prensa por ello.

"Lo que ha ocurrido está en línea con el marco legal, hay jueces que lo han ordenado", ha continuado el portavoz de Jean-Claude Juncker, para después recalcar que se trata de acciones realizadas "en un contexto específico".

Schinas ha concluido su réplica apuntando que el Ejecutivo comunitario "no tiene competencias, ni palabra" que decir sobre cuestiones que se enmarcan en el orden constitucional de sus Estados miembros.

También ha indicado que Bruselas "no improvisa" sus posiciones, en referencia a que no ha variado la línea desde 2004, cuando el entonces presidente del Ejecutivo comunitario, Romano Prodi, dijo --y así lo han mantenido sus sucesores-- que un territorio que se independice de un Estado miembro quedaría automáticamente fuera de la UE.

El pasado domingo, la Generalitat envió una carta al vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de la Agenda Digital, Andrus Ansip, para denunciar al Gobierno español por "abusos y censura" del acceso a Internet, por las medidas tomadas para el cierre de páginas web vinculadas al referéndum del 1-O.

Bruselas recibió la carta un día después, según han confirmado fuentes comunitarias a Europa Press, que no han querido entrar a valorar el contenido de la misiva, aunque sí han confirmado que "tendrá una respuesta", ya que es el procedimiento habitual que aplica la Comisión Europea a la correspondencia que recibe.

La denuncia del Gobierno catalán está firmada por el secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, y en ella denuncian supuestos incumplimientos de las normas europeas que afectan al libre acceso a Internet y al marco regulatorio común para redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Preguntada por esta carta, la comisaria de Economía y Sociedad Digitales, Mariya Gabriel, ha evitado este martes pronunciarse y ha reiterado la posición de la Comisión Europea de no interferir en cuestiones internas de un Estado miembro.

"Sé que no soy la primera comisaria a la que se hace esta pregunta. Me mantendré coherente con nuestra respuesta: no es competencia de la Comisión inmiscuirse en asuntos internos. Seguimos lo que pasa pero en este momento no tenemos comentarios que hacer", ha asegurado en una rueda de prensa.

Así ha respondido la comisaria búlgara tras ser preguntada por si Bruselas cree que el cierre de páginas web vinculadas al referéndum de independencia de este domingo es contrario a la legislación europea y a derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Ahora en portada

Comentarios