CATALUÑA. LA FISCALÍA PREPARA UNA DENUNCIA POR SEDICIÓN POR LOS ATAQUES A LA GUARDIA CIVIL TRAS LAS DETENCIONES DE MIEMBROS DEL GOBIERNO

El fiscal General del Estado, José Manuel Maza, está dirigiendo la elaboración de una denuncia por sedición que se presentará ante la Audiencia Nacional contra los participantes en los ataques a la Guardia Civil ocurridos tras las detenciones de varios miembros del Gobierno catalán por participar en la preparación del referéndum del 1-O.
Maza está trabajando en estrecha colaboración con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la redacción de una denuncia que, en principio, no irá dirigida contra ninguna persona en concreto
La Fiscalía está analizando los incidentes para comprobar si los participantes trataron de impedir por la fuerza la aplicación de la ley por parte de las Fuerzas de Seguridad que actuaban por orden del juez de instrucción número 13 de Barcelona.
HASTA 15 AÑOS
El delito de sedición se regula en el artículo 544 y siguientes del Código Penal y está castigado con penas de hasta 15 años de cárcel para quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
Los participantes en este tipo de actos pueden ser castigados con entre cuatro y ocho años y los cabecillas de la revuelta pueden llegar a recibir condenas de ocho a diez años. El tramo de pena más alto, que va de los diez a 15 años, se reserva para las autoridades que incurran en este alzamiento público y tumultuario.
El delito puede aplicarse a quienes actúan contra el orden público, impiden la aplicación de las leyes y resoluciones gubernativas y judiciales y a todos aquellos que participen en la “provocación, la conspiración y la proposición para la sedición”. La competencia para su investigación y enjuiciamiento corresponde a los juzgados territoriales.
Sin embargo, la fiscalía de la Audiencia Nacional ha actuado por sedición contra alcaldes catalanes por aprobar mociones de apoyo a la resolución soberanista del Parlament del 9 de noviembre de 2015, que fue suspendida por el Tribunal Constitucional en diciembre. Todas las denuncias han sido archivadas porque el delito de sedición requiere “actos concretos” que inciten a estas acciones.