CATALUÑA. CATALÁ VE "INIMAGINABLE" QUE LA FISCALÍA DETENGA A ALCALDES POR APOYAR EL REFERÉNDUM

- Condena las "presiones impropias" del independentismo con carteles como los de Lleida bajo el lema "Señalémoslos". El ministro de Justicia, Rafael Catalá, descartó este martes que la Fiscalía vaya a detener a los alcaldes que apoyan el referéndum de independencia convocado por la Generalitat de Cataluña para el 1 de octubre, que ha sido anulado por el Tribunal Constitucional, y aseguró que algo así es "inimaginable". Sólo "están siendo llamados a tomar declaración" y "nadie va a ser detenido", garantizó.
En una entrevista a Antena 3 Televisión recogida por Servimedia, Catalá hizo estas declaraciones poco antes de que los 720 alcaldes independentistas que han manifestado su respaldo al 1-O comiencen a prestar declaración este martes ante la Fiscalía Superior de Cataluña. El primero de ellos es el alcalde de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona.
El ministro aseveró que "no es buena imagen en un servidor público" que el alcalde de un municipio de Cataluña pueda desatender una petición de la Fiscalía que le reclama que declare sobre el posible préstamo de locales públicos de propiedad municipal para la celebración de un referéndum que ya ha sido suspendido pr el Tribunal Constitucional.
Recordó que, si son citados, los alcaldes "tienen que ir" a declarar ante el fiscal "como cualquier ciudadano" y aclaró que si desobedecen esa orden "se les va a llevar a que cumplan con su obligación" pero "no se va a detener a nadie" porque "para que haya una detención lo tiene que dictar un juez" y no es suficiente con la decisión del fiscal.
Catalá opinó que un alcalde, como servidor público que ha sido elegido democráticamente por sus vecinos, "debería estar en plena disponibilidad para asistir" a la Fiscalía a declarar y explicar "lo que tenga que decir" sobre el referéndum de independencia.
Destacó que sólo es "una toma de declaración", aunque "de ahí se va a derivar un proceso judicial" y tras ese proces podría haber "una sentencia que le condene" al alcalde correspondiente por dar apoyo y prestar medios públicos a un referéndum que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
"PRESIONES IMPROPIAS"
Además, el ministro condenó las "presiones impropias" que están sufriendo el resto de los alcaldes y concejales catalanes que no respaldan el referéndum de independencia y que están siendo señalados por los partidos secesionistas, como por ejemplo han hecho las juventudes de las CUP en Lleida con carteles que reproducen fotografías de los ediles de PP, PSC y Ciudadanos bajo el lema "Señalémoslos".
Catalá criticó que "algunos quieren presionar indebidamente" a quienes respetan la ley en Cataluña e indicó que los carteles que los cachorros de las CUP están divulgando son "una prueba de la radicalidad" y representan algo "impropio de una sociedad responsable".
El ministro defendió las medidas que está adoptando el Gobierno de Mariano Rajoy para impedir la celebración del referéndum ilegal y, en particular, para evitar que "ni un solo euro de los españoles puede destinarse" al 1 de octubre.
Entre otras cosas, explicó que la Agencia Española de Protección de Datos está investigando una denuncia presentada sobre el presunto uso fraudulento del censo para elaborar la lista de posibles votantes para la consultada convocada por Puigdemont y que, al ser suspendida por el Tribunal Constitucional, carece de los medios necesarios para ello.
Catalá detalló que la investigación apunta que la Generalitat podría estar utilizando esos datos para elaborar un censo ilegal del referéndum e incluso para hacer sorteos de la elaboración de las mesas de votación, lo cual supondría haber incurrido en "violaciones" de derechos individuales por tenerse acceso a información de carácter privado que no puede ser utilizada para fines distintos de los autorizados.
Por último, Catalá se refirió a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para frenar el desafío independentista en Cataluña y recordó que se trata de un recurso "extraordinario y singular" que debe utilizarse cuando una comunidad autónoma "incumpla gravemente sus obligaciones".
Afirmó que "podemos estar todos de acuerdo" en que recurrir al artículo 155 puede parecer "algo gravísimo" y que, por lo tanto, "cuanto más tarde (se aplique), mejor". Añadió que el debate en los últimos meses sobre esa vía "ha sido un poco excesivo" y destacó que antes de activar esa herramienta se están utilizando el resto de los instrumentos del Estado de derecho, ya que "está funcionando la Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional", entre otros.

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