CATALUÑA. AMNISTÍA INVESTIGA EL SEÑALAMIENTO A ALCALDES CONTRARIOS AL REFERÉNDUM

Amnistía Internacional (AI) pidió este sábado al Gobierno central y al catalán respetar y proteger la libertad de expresión, reunión y manifestación en el marco del referéndum del 1-O, al tiempo que anunció que investiga el señalamiento a alcaldes contrarios a ceder locales para la consulta independentista.
En un comunicado, AI aseguró que realiza un especial seguimiento de los acontecimientos, dada la proximidad del 1-O y la "tensión" que se vive en Cataluña.
En cuanto a la libertad de expresión y de reunión, Amnistía subrayó que estos derechos deben ser protegidos en todo momento y que cualquier restricción sobre ellos ha de imponerse “sólo cuando es demostrablemente necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud, la moral pública o los derechos de otros”.
Por ello, AI tachó de “desproporcionado” el hecho de que un juez suspendiera un acto convocado por la plataforma ‘Madrileñ@s por el derecho a decidir’ en el centro cultural Matadero de Madrid o el auto judicial que suspendió la charla de la diputada de la CUP Anna Gabriel en el centro cívico Aldabe de Vitoria.
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Por otra parte, la organización informó de que realiza un especial seguimiento de las campañas encaminadas a "señalar a determinados responsables políticos por su negativa a incumplir la ley”, como aquellos alcaldes que no quieren ceder locales públicos para la celebración del referéndum.
Destacó que investiga estos hechos para asegurarse de que no exceden los límites de la libertad de expresión, que podrían derivar en otras acciones (como amenazas o amedrentamiento) prohibidas por el derecho internacional.
En relación al derecho a la información, AI afirmó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que pide a la Guardia Civil investigar “qué medios de comunicación han insertado cualquier tipo de publicidad o propaganda sobre la convocatoria del referéndum” para exigir el cese de actividades es “notablemente impreciso”. “Esto podría llevar a la prohibición de comunicaciones que son ejercicios legítimos de la libertad de expresión e información”, indicó AI.