Concesionarias de ITV recuerdan a Del Olmo que no ha calculado las compensaciones hasta 2029, que cifran en 235 millones

Concesionarias de ITV recuerdan a Del Olmo que no ha calculado las compensaciones hasta 2029, que cifran en 235 millones

Y es que, aunque Del Olmo apuntó el lunes de la pasada semana, durante su comparecencia en las Cortes, que la congelación de las tarifas de los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 obligará a la Junta a compensar con 10 millones a las concesionarias--hay ya una sentencia favorable a éstas sobre el primero de los tres ejercicios--en el caso de que el Tribunal Supremo fallara en idéntico sentidos respecto de las reclamaciones de los dos últimos años, las mercantiles afectadas insisten en que hasta 2029 las indemnizaciones se elevarían a 60 millones, cantidad que se incremantaría hasta los 235 en el supuesto de que también se confirmara la ilegalidad de la rebaja del tarifas del 20%en 2015.

EXACCIONISTAS RECLAMAN OTROS 36 MILLONES

Pero adicionalmente, fuentes cercanas a las afectadas, en declaraciones a Europa Press, apuntan que tampoco la titular de Economía y Hacienda ha informado de cómo tiene previsto compensar las eventuales indemnizaciones a las que podría enfrentarse la Junta como consecuencia de los perjuicios ocasionados a los exaccionistas (entre los que se encuentra la australiana Macquarie) de la principal entidad concesionaria, Itevelesa.

Los afectados se vieron despojados de las acciones de Itevelesa en favor de las entidades financieras como consecuencia de la ejecución de las garantías ofrecidas por los incumplimientos financieros ocasionados por la congelación de tarifas. En este sentido, existe ya una reclamación patrimonial contra la Junta por importe de 36 millones de euros.

A las responsabilidades económicas, las concesionarias de la ITV en Castilla y León suman las políticas que se pueden derivar de las decisiones que adoptó el entonces consejero del ramo, Tomás Villanueva.

A este respecto, "resulta sorprendente cómo la Consejería de Economía y Empleo--alguno de los directores generales participantes siguen en el cargo--ha provocado un relevante perjuicio a los ciudadanos castellano-leoneses, en contra del informe emitido por su propia Asesoría Jurídica", censuran fuentes de las concesionarias, que reconocen que la hoy titular de Economía y Hacienda se ha encontrado con "un problema heredado".

Las afectadas ya han iniciado conversaciones con la Junta de Castilla y León y, asimismo, los abogados han comenzado a analizar las posibles compensaciones que podrían solicitar a la Administración castellano-leonesa.

DÍFICIL LLEGAR A UN ACUERDO

Sin embargo, fuentes jurídicas advierten de la dificultad de que en estos momentos de pueda producir un acuerdo ya que no sólo existe el perjuicio derivado de la congelación y reducción de tarifas sino también las demandas de daños y perjuicios que dichas órdenes ilegales han causado en las concesionarias o sus socios.

En este sentido, la propia asociación de concesionarios ya advirtió a la Junta de que cualquier acuerdo debería estar presidido por la seguridad jurídica y la compensación efectiva.

"La manifestación de que todo se ha hecho en defensa de los ciudadanos de Castilla y León y de que éstos se han ahorrado más de 30 millones de euros no deja de ser una falacia demagógica, ya que si al final la Junta tiene que compensar las pérdidas por diversas causas, éstas no las va a pagar nadie de su bolsillo sino de los Presupuestos Generales de la Comunidad y, por tanto, de los impuestos de los ciudadanos", concluyen.

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