Condenan a Muguruza y a los exconcejales Hierro y Díez Muro a más de 4 años de inhabilitación por el caso Mioño

El Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander ha condenado al exalcalde de Castro Urdiales, el exregionalista Fernando Muguruza, y a los exconcejales de Obras e Industria, Salvador Hierro (IU) y Jaime Díez Muro (PRC), como autores de un delito continuado de prevaricación relacionado con la adjudicación a la empresa Izeta del acondicionamiento del túnel de Mioño y la instalación de un ascensor en el Mercado municipal.

Condenan a Muguruza y a los exconcejales Hierro y Díez Muro a más de 4 años de inhabilitación por el caso Mioño

En su sentencia, fechada y notificada hoy mismo, 31 de enero de 2017, ha absuelto así a los otros siete imputados, entre los que estaban cuatro miembros de la Corporación, dos trabajadores municipales y el gerente de la adjudicataria.

En el caso de Muguruza la condena impuesta en esta sentencia --que no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial-- es de cuatro años y tres meses de inhabilitación especial para cargo público y en el de los exediles asciende a cuatro años y nueve meses.

Las penas impuestas han sido sensiblemente inferiores a las que reclamaba la Fiscalía --reclamó inhabilitación de 8 años y medio para Muguruza y 10 para Hierro y Díez Muro-- debido a la aplicación de la atenuante "muy cualificada" de dilaciones indebidas, tal y como reclamaban las defensas de los imputados.

En la sentencia, consultada por Europa Press, se han considerado delictivos los hechos que se refieren a la manera de actuar que los tres condenados desplegaron durante el proceso de contratación de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y de las de la instalación del ascensor en el mercado.

ABSOLUCIÓN DEL RESTO DE IMPUTADOS

En la sentencia figuran absueltos el que fuera teniente alcalde José Miguel Rodríguez, así como el edil de Deportes, Santiago Vélez (IU), o la de Cultura (PP), Concepción Carranza, el edil Tomás Molinero, el secretario municipal, César Sainz, y el interventor Gregorio Alcedo, a los que consideraba autores de delitos de prevaricación, y el gerente de Izeta, Juan Ignacio Díez Muro, al que imputaba un delito de tráfico de influencias.

En la sentencia, se considera que no se ha acreditado que estos cuatro ediles ni los dos trabajadores municipales, a los que se les imputaban delitos de prevaricación, tuvieran conocimiento de la ilicitud del procedimiento empleado en las obras de túnel de Mioño y la instalación del ascensor en el mercado municipal.

También exime al constructor del delito de tráfico de influencias del que se le acusaba ya que, considera la magistrada, no se ha acreditado que ejerciera "presión moral o instigación" que condicionara la decisión del concejal de Obras (Salvador Hierro).

Lo que en la sentencia sí se considera probado es que en 2004 la Junta de Gobierno Local de Castro Urdiales acordó por unanimidad aprobar las ofertas y la adjudicación a Izeta de las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño y las de instalación del ascensor en el mercado municipal.

Entiende la juez que los tres condenados (Muguruza, Hierro y Díez Muro) tenían "pleno conocimiento de la ausencia total de expediente administrativo de contratación" así como de "los vínculos de parentesco" entre el edil de Industria y el gerente de IZETA, que era su hermano.

Señala la sentencia que el edil Díez Muro votó favorablemente a las adjudicaciones, lo que, a su juicio, evidencia "una consciente y deliberada ausencia de abstención, con la silenciosa complacencia y el encubrimiento del alcalde y del concejal de Obras".

Sí reconoce la sentencia que en aquellas votaciones, el secretario municipal no advirtió de la ausencia total de expediente pero la magistrada sostiene que "no consta que tuviera conocimiento previo de

la inexistencia del expediente, ni de los vínculos concurrentes".

Relata la sentencia que días después de la Junta de Gobierno Local en la que se acordó la adjudicación de las obras del ascensor, concretamente el 31 de diciembre de 2004, el interventor municipal reconoció una obligación del 20% del coste para las obras del ascensor del mercado municipal. y que un día después realizó un reconocimiento del 80% restante.

Sin embargo, entiende que "no ha quedado debidamente acreditado que su actuación tuviera una finalidad distinta a la de evitar la pérdida de una subvención concedida para aquella", dado que las obras finalmente se ejecutaron meses después.

La Fiscalía solicitaba la condena de todos los ediles y también de los funcionarios públicos por un delito continuado de prevaricación, con penas que iban desde los nueve años de inhabilitación para los tres ediles que han resultado condenados, a los siete años para los dos funcionarios públicos.

Sin embargo, la juez considera que sólo cometieron delito continuado de prevaricación los que eran concejales de Obras, quien recibió las ofertas y las presentó ante la Junta municipal, y de Industria, que era hermano del gerente de Izeta y que no se abstuvo en las votaciones, así como el alcalde, que conocía tanto la ausencia de tramitación como los lazos familiares.

En la sentencia se recuerda que ni la contratación de las obras del túnel de Mioño ni la instalación del ascensor en el mercado

municipal fueron asuntos incluidos en el orden del día de las juntas.

Además, añade que la práctica habitual en las juntas era que "se votaba a instancia del concejal responsable del área, a través de las informaciones facilitadas por los mismos" y en "sesiones auténticamente maratonianas, con multitud de asuntos y puntos que se planteaban en el acto, sin suscitarse un efectivo debate sobre los mismos".

A juicio de la magistrada, tal situación "facilita la ocultación de las irregularidades y de la ilegalidad en las que incurrían aquellos, o sus expedientes, a los demás integrantes de la junta corporativa".

"Con dicha mecánica se hurtaba al resto de concejales la posibilidad de obtener información anticipada, o el examen de la documentación oportuna al efecto, así como el conocimiento de los aspectos precisos para una válida y real deliberación sobre aquellos, dificultando palpablemente una decisión fundada", dice.

Por tanto, concluye la juez que si bien puede entenderse "cierta dejación en el ejercicio de sus funciones" o "cierta negligencia", no puede considerarse que hayan incurrido en un delito de prevaricación, pues el mismo exige "un acto voluntario de directa producción de una resolución arbitraria y por ende injusta".

Y en cuanto a la absolución del gerente de Izeta, señala la

sentencia que no consta "una actuación positiva e intencionada de presión al concejal o a los demás implicados, dirigida a provocar un proceso de decisión viciado fraudulentamente para lograr obtener decisiones injustas".

Por tanto, entiende la juez que no cometió el delito de tráfico de influencias del que se le venía acusando.

ATENUANTE "MUY CUALIFICADA" DE DILACIONES INDEBIDA

Respecto a la justificación de la atenuante "muy cualificada", en la sentencia, se señala que la secuencia temporal de la causa

desde que comenzó la instrucción y se incoaran diligencias previas (2006) hasta que se ha dictado esta segunda sentencia (2017) supone una extensión total de 11 años, lo que la juez entiende que es un cómputo global "ciertamente excesivo" y supone "una

demora desproporcionada y extraordinaria, aun valorando la complejidad de la causa, y las vicisitudes surgidas en la misma".

Señala que estas circunstancias "no pueden perjudicar" a los acusados y entiende que el retraso sufrido en las actuaciones debe compensarse con la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas con la cualificación instada por las defensas, esto es la muy cualificada.

La Fiscalía entendía que solo ha habido dilaciones indebidas por el tiempo que había transcurrido desde la anulación de la sentencia, en diciembre de 2011, hasta la repetición del juicio, que tuvo su primera sesión el 19 de mayo de 2016, y la segunda, este martes, 7 de junio, pero no en todo el proceso previo.

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