El consejero de Gobernación de Ceuta, investigado por no inhabilitar a dos policías condenados por lesiones

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Ceuta ha citado a declarar en calidad de investigado por un presunto delito de prevaricación al consejero de Gobernación del Ejecutivo autonómico, Jacob Hachuel (PP), previa denuncia de la Fiscalía por la no ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo que condenó a dos agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local a dos años de prisión y 22 meses de inhabilitación especial por un delito de lesiones cometido en un control nocturno de tráfico en 2005 sobre un ciudadano que permaneció cuatro días hospitalizado, medio año en tratamiento y dos meses de baja.

Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, además de al consejero, la instructora de las diligencias abiertas también ha citado a la secretaria general de la Asamblea y a varios técnicos y jurídicos de la Administración autonómica.

Hachuel archivó en enero de 2016 el expediente disciplinario abierto sobre los dos agentes condenados en base a un auto de la Audiencia Provincial dictado en mayo de 2014 que acordó la "suspensión" de la pena de cárcel y la accesoria de inhabilitación siempre y cuando los dos funcionarios no cometiesen ningún delito durante dos años.

El instructor del expediente había concluido que "cualquier condena penal de un funcionario a inhabilitación absoluta o especial, ya sea como pena principal o accesoria", debía suponer "la pérdida definitiva del cargo que ocupara", pues "constituye una incapacidad para la función pública (por el nivel de irreprochabilidad que su ejercicio requiere), de manera tal que, por un lado, impide su acceso y, por otro, cuando la condena recae sobre la persona que ya ingresó en ella, actúa a modo de condición resolutoria que opera automáticamente sobre la relación funcionarial".

El consejero pidió asesoramiento a la Audiencia Provincial ante la disyuntiva de entender que la suspensión concedida a los condenados no afectaba a la pérdida de su condición de funcionarios y que quedaba circunscrita a un plazo de prohibición de reingreso en la Administración, o bien interpretar que conllevaba que se mantenía la condición y que, en su caso, procedería "la imposición de las sanciones disciplinarias a las que hubiere lugar".

La Sala respondió que no podía ni debía "asesorar al órgano ejecutivo de esta Ciudad Autónoma conforme a la Constitución Española". Entonces el Gobierno de Ceuta optó, "atendiendo al criterio de los Servicios Jurídicos de la Administración", por la salida más favorable para los condenados, que han seguido ejerciendo sus funciones.

La familia de la víctima, ya fallecida y a cuyos descendientes se ordenó el pago en concepto de responsabilidad civil de más de 18.000 euros que sí han sido abonados, ha solicitado la "ejecución forzosa" de las sentencias y ha pedido apoyo al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que fue uno de los magistrados de la Sala Penal que ratificó la condena a los agentes.

En el veredicto del Supremo se detalla que los policías, tras dar el alto, perseguir y alcanzar a Abselam M.M., "descendieron de su vehículo y se dirigieron al conductor, a quien, una vez fuera de su automóvil, sujetaron violentamente, y hallándole solo, conscientes de la desproporción de fuerza existente, de común acuerdo golpearon, derribaron y, una vez caído, le colocaron los grilletes y conjuntamente continuaron dándole golpes, desoyendo sus lamentos de dolor".

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