Así se lo ha trasladado el Ayuntamiento carbonero a la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Vera que investiga, a instancias de la Fiscalía, la adquisición realizada en 2009 y también su posterior supuesta "desaparición".
El escrito en respuesta al oficio de la juez, remitido hace diez días y consultado por Europa Press, informa de que no obran en la Secretaría del Ayuntamiento "antecedentes de que se tramitase expediente alguno para la adquisión de la colección de 80 estampas de Goya titulada 'Desastres de la Guerra'" y añade que, "por tanto, "no se puede aportar expediente alguno ni ningún acuerdo de los órganos de gobierno municipales: alcalde, junta de gobierno local y pleno".
Traslada, asimismo, de que solo dispone de una "copia" de la carta de pedido y de la "correspondiente factura" que "fueron facilitadas --matiza-- en 2015 por la Editorial Planeta a este ayuntamiento a requerimiento del concejal de Hacienda".
En las fotocopias se recoge la carta de pedido a nombre del Ayuntamiento de Carboneras y de su entonces concejal de Cultura, que la firma, y la factura por importe total de 3.250 euros.
El informe llega días antes de que la jueza instructora inicie la ronda de declaraciones en el marco de las diligencias previas incoadas por presuntos delitos de prevaricación. Así, este miércoles esta previsto que comparezca en calidad de perjudicado el actual alcalde carbonero, el independiente Salvador Hernández (Gicar)
La declaración en sede judicial de Cristóbal Fernández y Josefa Cruz en calidad de investigados está prevista para el 16 de octubre, el mismo día en que deberán acudir a prestar declaración como testigos el secretario del Ayuntamiento de Carboneras y también la bibliotecaria municipal.
Las diligencias previas se incoaron tras la denuncia interpuesta por el Ministerio Público, que distinguía entre dos hechos a investigar que pasaría, por un lado, por la decisión municipal de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros ya que, en base a lo declarado por la entonces concejal de Cultura Josefa Cruz ante la Policía Judicial de la Guardia Civil de Garrucha, esta se debió a una "decisión personal suya inmotivada" y "razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público".
Por otro, el fiscal señalaba la necesidad de investigar la recepción por parte de Cruz Orta de la citada colección y "la desaparición posterior de la misma sin que exista --remarcaba-- ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales no se destinara al fin para el cual se adquirió".
El decreto de la Fiscalía parte de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.
El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de "forma casual" al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.
"DECISIÓN PERSONAL" Y "DESVÍO" DE SUS FINES
El Ministerio Público estimó que procedía incoar procedimiento penal a la vista del atestado elaborado por los agentes de la Policía Judicial de Garrucha ya que, en este, "se acreditan" los hechos denunciados por el Ayuntamiento, se hacía constar que las láminas "fueron recepcionadas por la concejal que encargó su compra" y también que estas "nunca fueron expuestas al público como era su destino".
Indicó, en esta línea, que "no es descartable" que el "acto administrativo dictado por la edil socialista para adquirir las estampas" pudiera ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa ya que hay --ahondaba-- "fundadas sospechas de que el mismo es contrario a la legislación aplicable y sólo obedeció a una decisión personal suya y no a una necesidad para el Ayuntamiento".
El fiscal apuntaba, por otro lado, que el "desvío" del material adquirido para "fines distintos del servicio público para el que se supone fueron adquiridos, aunque no estuviera justificado", podría encuadrarse en un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
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