El Tribunal de Cuentas ha impuesto fianzas solidarias a nueve exdirigentes del Gobierno catalán; por ejemplo, de 5,2 millones de euros a Artur Mas; 3 millones a Irene Rigau; 2,1 millones a Francesc Homs, y 840.000 euros a Joana Ortega.
En declaraciones a los medios de comunicación a su salida del tribunal, Rafael Entrena, abogado de Mas, Ortega, Rigau y otros dos responsables del 9N, ha expresado su "absoluta disconformidad" con la decisión, ya que considera que tiene "una fundamentación jurídica muy defectuosa".
Además, opina que el propio Tribunal de Cuentas es un "clarísimo ejemplo de desviación de poder" porque se le está "instrumentalizando para exigir en la práctica responsabilidades políticas y advertir a terceros por lo que puedan hacer".
Para el abogado del expresidente Mas, "no se dan los requisitos para exigir una responsabilidad contable", pues "todos y cada uno de los contratos y pagos que se efectuaron tenían una buena ordenación contable, habían sido intervenidos por los órganos competentes y tenían base legal".
RECURSO PIDIENDO LA SUSPENSIÓN CAUTELAR
Por todo ello, Entrena ha anunciado que presentará los "recursos pertinentes" contra la imposición de las fianzas para evitar que éstas sean definitivas, algo que también ha adelantado la abogada de, entre otros, Francesc Homs, Montse Rosell, quien ha explicado que en el recurso, que presentarán en los próximos cinco días, pedirán la suspensión cautelar.
"Existen en este procedimiento grandes irregularidades, existe una gran indefensión. Entendemos que no se ha respetado ninguna garantía de los presuntos responsables. Las irregularidades son muy graves: no se ha hecho un expediente contradictorio y se les exigen unas cantidades sin que hayan tenido el más mínimo ejercicio de defensa", ha denunciado.
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