La Junta denegará nuevas autorizaciones de VTC si los ayuntamientos estiman que no son necesarias

En el Parlamento andaluz, el consejero ha insistido en que las competencias para regular ambos sectores "dependen del Gobierno", de forma que los esfuerzos de la Consejería de Fomento y Vivienda "se concentrarán en reducir el riesgo de graves desequilibrios en la ordenación del sector de transporte de viajeros en vehículos turismo".

Por ello, la Junta ha decidido solicitar informe a los ayuntamientos para resolver las solicitudes de autorizaciones de VTC, ya que "son las administraciones locales quienes están más cercanas a la realidad y quienes deben expresar su parecer al respecto". Si tal informe resultara negativo, la Consejería denegará las autorizaciones de VTC.

Éste ha sido uno de los compromisos adquiridos por el consejero con los representantes de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), con quienes, ha recordado, "he mantenido hasta cinco reuniones para buscar soluciones al desequilibrio" provocado por la eliminación en 2009 de la ratio de un taxi por cada 30 VTC.

López ha precisado que la suspensión de este criterio "ha provocado que Andalucía haya pasado de 472 VTC y 9.169 taxis en 2014, con una proporción de 1/19, a 882 VTC y 8.835 taxis en la actualidad, es decir, una ratio de 1/10".

El consejero ha advertido de que la situación actual "puede ser aún más compleja una vez que los juzgados resuelvan todos los procedimientos pendientes de aquellas VTC que solicitaron ejercer la actividad hasta 2015, año en el que el Gobierno central restableció la ratio de 1/30, y que les fueron denegados". "Ahora, tras sentencias estimatorias, la Consejería se ve obligada a valorar de nuevo las solicitudes, punto en el que hemos acordado introducir el informe municipal sobre la conveniencia de autorizar más VTC", ha explicado López.

INSPECCIONES

Asimismo, y dentro de sus competencias en materia de inspección y sanciones, la Consejería se ha comprometido a reforzar el control de esta actividad a través del Plan Coordinado de Inspección del Transporte de Andalucía. López ha apuntado que desde 2014, momento en el que aumentaron las licencias de VTC, "hemos aumentado el número de inspecciones de 900 hasta las 2.500 anuales, es decir, alrededor de un 25 por ciento de las autorizaciones son inspeccionadas anualmente".

En ese sentido y dentro de los compromisos adquiridos, López ha manifestado que el plan introducirá medidas que permitan mejorar la eficacia con los ayuntamientos y la Policía Local para mejorar e intensificar la labor inspectora en los núcleos urbanos. "Continuaremos desarrollando acciones formativas y de colaboración con la policía local y también con la Guardia Civil", ha afirmado el consejero, que ha explicado el trabajo que se está realizando desde el Gobierno andaluz para la puesta en marcha de un modelo de convenio con los ayuntamientos que posibilite hacerlos partícipes de la recaudación de las sanciones a VTC, "siempre que se establezca alguna colaboración".

No obstante, el consejero ha insistido en que "para solucionar el conflicto entre el taxi y la VTC es imprescindible adoptar cambios en la legislación, tal como ha venido reclamando la Junta al Ministerio de Fomento", entre las que ha destacado la necesidad de incorporar una exigencia de desarrollo efectivo de la actividad en un plazo de tres meses y la recuperación del requisito del número mínimo de conductores, "para que se garantice la existencia de una verdadera actividad".

Así, ha recordado el último encuentro con el Ministerio el 12 de septiembre, cuando el Ejecutivo avanzó aspectos de la nueva normativa. Entre las propuestas del Gobierno, ha citado la prohibición de la transmisión de autorizaciones VTC durante dos años y a la autorización dada a las comunidades autónomas a crear registros electrónicos públicos de los servicios de VTC de manera previa a su prestación.

López ha criticado que la intención del Ministerio de "no sea crear una base de datos para el conjunto del Estado, sino instar a las comunidades autónomas a crear estas herramientas", algo que "no será efectivo, pues sería más sensato y racional que se optara por un registro nacional" de autorizaciones de VTC y de viajes precontratados, y que pueda ser consultable, si bien ha asegurado que "la Consejería actuará subsidiariamente si el Ministerio no asume la tarea".

"Sólo pedimos que el Gobierno trabaje desde el punto de vista normativo para cumplir la ley y la ratio de 1/30", ha aseverado.

MÁS INSPECCIONES

El diputado del PP Antonio Saldaña ha asegurado que el Gobierno andaluz "no tiene normativa sobre VTC, no porque el Estado no se lo haya dado, sino porque no ha querido ejercer las competencias dadas por el Estatuto de Autonomía, pero le echa las culpas a otros".

Asimismo, Saldaña ha criticado la "pasividad" de la Junta, que "ha empeorado la situación", tras lo que ha apuntado la "curiosa" actitud en la huelga de taxis de Málaga, donde el Gobierno andaluz "no dio la cara, mostró una pasividad absoluta tras cuatro días de huelga, cuando si hubiera actuado de forma inmediato, se hubiera solventado mucho antes".

"La Junta ha mirado para otro lado y no ha hecho nada, y si otras comunidades han podido legislar, no sabemos por qué Andalucía no puede regular y poner un poco de orden", ha aseverado Saldaña.

La diputada de Podemos Carmen Molina, tras recordar que hace unos años hubo burbuja en las licencias administrativas para taxistas, ha advertido de que "se está empezando a producir la misma burbuja en las licencias de VTC", de forma que "algunas han aumentado diez veces su valor hasta cerca de 40.000 euros, por lo que se debería regular, pues algo se ha desequilibrado en el sector de vehículos con chofer".

"Se debe garantizar la convivencia de esos sectores", ha añadido Molina, quien ha recordado que "en Reino Unido se ha pedido a Uber que sus trabajadores sean considerados como empleados; son necesarios más derechos laborales para trabajadores de las VTC".

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White, quien considera que "son dos colectivos que deben convivir de la mejor forma posible", ha valorado la base de datos y cree "de sentido común" que sea de ámbito nacional, y cree que "hay necesidad de más inspección, pues la competencia desleal y la especulación de licencias existen".

Por ello, ve necesario "involucrar a todas las fuerzas para aumentar inspecciones y sanciones y se llegue a la convivencia total".

La diputada de IU Inmaculada Nieto ha recordado que el taxi es un sector "castigado" y considera que el sector "debe estar regulado, para garantizar condiciones laborales dignas, no somos partidarios de una liberalización absoluta, que puede traer un deterioro del servicio".

IU respalda las movilizaciones del taxi "que se ve amenazado por la competencia salvaje", tras lo que considera que la Junta "debe poner mayor diligencia e incrementar la inspección, que debe intensificarse para combatir el fraude objetivo que se está produciendo.

La diputada del PSOE Beatriz Rubiño, quien considera "lamentable" la intervención del PP, quien "mienta y tergiversa", ha asegurado que el consejero "tardó 20 minutos en dar cita a la FAAT, una vez solicitada".

Tras recordar que el PSOE "presentó la primera iniciativa ciudadana sobre el taxi, porque siempre hemos defendido al sector", ha asegurado que se trabaja en materia de inspección y ha apuntado que la Junta "avanzará en apoyar el sector", aunque considera que los taxistas "deben adaptarse a la nueva realidad, pues las VTC han llegado para quedarse".