En respuesta a una pregunta formulada en el Pleno del Parlamento por la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, Montero ha explicado que finalizó el plazo de las alegaciones pero que el Consejo General del Poder Judicial pidió una ampliación de prórroga porque quería hacer una alegación específica, que presentó el día 22 del presente mes.
La consejera del ramo ha indicado que la Junta está estudiando todas las alegaciones presentadas a un texto "consensuado" con Ciudadanos (Cs), que parte del acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE-A y la formación naranja. "En breve plazo, concretamente en las próximas semanas, se presentará el texto definitivo", ha afirmado Montero.
Por su parte, Ruiz-Sillero ha criticado que la Junta se haya negado a tramitar el citado decreto como proyecto de ley "para que se escucharan las voces de funcionarios y expertos" y ha preguntado a Montero, aunque sin obtener respuesta, cuántas alegaciones van a ser aceptadas, destacando que el PP-A ha presentado un total de 39.
PP-A: LA OFICINA PRETENDE "SILENCIAR" LA CORRUPCIÓN
La diputada 'popular' se ha mostrado convencida de que la Oficina para la Prevención de la Corrupción está creada para "tapar y silenciar los casos de corrupción" dentro de la Junta y ha acusado al Gobierno andaluz de "no proteger" a los funcionarios denunciantes de este tipo de casos.
Tras criticar también que el sistema de elección de los miembros de la citada oficina se vaya a realizar "a dedo" por un tribunal designado por la Consejería de Hacienda, Ruiz-Sillero ha indicado que el director de esta oficina podría estar afiliado al PSOE-A, dado que dicha cuestión "no se impide".
En su turno de réplica, Montero ha acusado a la diputada del PP-A de estar dedicada "al fango" y ha criticado que diga que esta oficina será "un chiringuito y que silenciará los casos de corrupción, antes siquiera de que el decreto de creación de la misma esté aprobado".
Junto a ello, ha afirmado que en la Junta no preguntan a los funcionarios "si son o no son de un partido político" y ha acusado a Ruiz-Sillero de poner "en tela de juicio" el papel y la imparcialidad de la Intervención de la Junta porque el tribunal está conformado por "el jefe de la asesoría jurídica de la Junta, el jefe de la Intervención General y el jefe de la Oficina de la Inspección de los Servicios".
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