Martín de Paz mantiene que Iberdrola le compensó con 3,7 millones en un fallido parque eólico por falta de viento

El que fuera director general de Deportes de la Junta hasta 2003, Andrés Martín de Paz, ha mostrado hoy su malestar por el hecho de figurar entre los investigados de la denominada 'trama eólica' y ha asegurado que su participación en el negocio eólico se desarrolló en el marco de la más estricta legalidad, a partir de asociarse con Iberdrola para desarrollar un parque que finalmente fue desechado por falta de viento y que llevó a la hidroeléctrica a compensarle con 3,7 millones de euros como propietario de los terrenos que había ofrecido en alquiler.

Así lo ha explicado el a su vez empresario hotelero tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 a preguntas del Fiscal Anticorrupción Tomás Herranz, quien se ha interesado por el negocio en el que Martín de Paz se embarcó a través de Villardefrades Eólica para, junto con Iberdrola, poner en marcha un parque eólico en terrenos situados en dicha localidad vallisoletana de los que era propietario y que ofreció en alquiler a la sociedad.

Al respecto, el investigado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que el origen de la operación se remonta a 2005, dos años después de que dejara su cargo político en la Junta de Castilla y León, y que para ello se asoció con Iberdrola, con la que llegó a un acuerdo para la cesión de los terrenos, en concepto de alquiler, por espacio de 30 años, si bien la compañía, como así ha precisado, dio finalmente marcha atrás por falta de idoneidad del suelo aportado.

"Habían instalado una torre de medición del viento y vieron que no les compensaba, de ahí que buscaran otros terrenos", asegura Martín de Paz, quien a tal impedimento suma el hecho de que cuando se propuso una ampliación de capital él no pudo afrontar los 10 ó 12 millones que tenía que aportar.

"Yo había invertido 375.000 euros en una primera fase para montar la sociedad e Iberdrola aportó un 80 por ciento, cerca de 1.800.000 euros, pero finalmente decidimos rescindir el contrato", recuerda el empresario, quien en compensación por lo que iba a dejar de percibir por el alquiler de los terrenos obtuvo una compensación del 50 por ciento del total que ha cifrado en 3.700.000 euros y que le fueron ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.

"Es un dinero importante, pero no es motivo de delito y, además, he pagado religiosamente los impuestos correspondientes", declara Martín de Paz, quien insiste en no tener explicación al porqué de figurar entre los investigados, salvo, añade, al hecho de que ocupara un cargo en la Administración regional hasta 2003, antes de la citada operación, "y quizá eso ha inducido a confusión".

"RUINOSO NEGOCIO"

Tras romper el negocio con Iberdrola, el empresario invirtió sus beneficios en una estación de servicio en aquellos mismos terrenos pero, como así ha lamentado, se vio azotado por la crisis y se vio obligado finalmente a vender el suelo. "Ese ha sido el ruinoso negocio que he hecho", ha indicado el investigado.

Martín de Paz sí ha aprovechado para mostrar su profundo malestar por el tono irónico del interrogatorio del Fiscal Anticorrupción, aunque ha declinado entrar en más profundidades para evitar posibles consecuencias, al tiempo que ha lamentado que en el curso de las pesquisas ha fallecido ya una persona, en alusión al ex consejero de Economía, Tomás Villanueva, "a otra que iba a declarar hoy le ha dado un ictus", en referencia al presidente de Preneal, Eduardo Merigó, y por ello ha confesado la delicada personal por la que atraviesa. "Si a mí no me ha dado nada es porque soy más fuerte de lo que pensaba", ha concluido.

Con carácter previo a su declaración, en ausencia por enfermedad del presidente de Preneal, también ha testificado en calidad de investigado el vicepresidente de dicha sociedad, José Pérez Arizaga, cuyo letrado defensor, a la salida de los juzgados, se ha limitado a indicar que la mercantil de su patrocinado forma parte de Danta Energías y RWE y que éstas no recibieron concesión alguna durante el periodo objeto de investigación judicial.