En un comunicado, la alcaldesa de la localidad, Aurora Águedo, ha destacado que el TSJA ha dado la razón al Ayuntamiento "en este asunto en el que el alto tribunal andaluz resalta la especial relevancia del interés público que late en su puesta en vigor", lo que demuestra que "esta medida no era contraria a la ley".
Así, el TSJA deniega la medida cautelar de suspensión de la aplicación de la citada ordenanza, que solicitó la delegación del Gobierno de Andalucía, ante el acuerdo plenario de 1 de diciembre de 2016.
El Consistorio remitirá este auto del TSJA a los juzgados de Huelva "para que lo tenga en cuenta ante el recurso que por idéntico motivo presentó en su día el portavoz del grupo municipal Unidos por Punta Umbría (UPU) José Carlos Hernández Cansino", ha adelantado la alcaldesa.
El pleno de 1 de diciembre de 2016 aprobó definitivamente la ordenanza municipal de ayudas individuales de carácter social de hasta un 30 por ciento en el IBI para personas desempleadas, separadas, viudas, divorciadas, víctimas de la violencia de género, menores de 30 años y, en general, con pocos recursos económicos y que reúnan una serie de requisitos, para el ejercicio 2017 y los siguientes. Este punto del orden del día recibió el apoyo de todos los grupos municipales --PSOE, PP e IU-- excepto UPU.
La citada ordenanza se aprobó tras los pertinente informes favorables de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Punta Umbría, Secretaría, Intervención e Inspección de Renta y Exacciones, que avalaban dicha medida.
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