En un manifiesto conjunto, avisan de que los hechos que se están produciendo son graves y "claramente perturban los derechos y las libertades de la ciudadanía", y rechazan cualquier acción contraria a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, el Estatut y tratados internacionales ratificados por España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
"El llamamiento a declarar de cargos electos, así como la retención de trabajadores públicos y privados, creemos que no favorecen en absoluto al diálogo", aseveran los defensores locales, y defienden que toda acción judicial y encaminada a combatir hechos delictivos debe estar inspirada por el principio de proporcionalidad.
Han condenado cualquier acción que pueda impedir el pleno ejercicio de estos derechos, por lo que han garantizado que seguirán trabajando para garantizarlos, y han remarcado: "Respetamos la pluralidad social, pero queremos expresar la importancia que tienen los derechos logrados con muchos esfuerzos por aquellas personas que nos han precedido"
Lo firman los síndicos y defensores de Barcelona, Maria Assumpció Vilà; Girona, Ramon Llorente; Arenys de Mar, Manel Pou; de Argentona, Mercè Balash; Badalona, Armand Soler; Gavà, Joan Martínez; Igualada, Rosa Maria Sánchez; Mollet del Vallès, Lluís Martínez; La Seu d'Urgell, Angel Rubio; Rubí, Milagros Calleja; Sabadell, Josep Escartin, y Salt, Montserrat Canadell.
También firman los de Sant Cugat del Vallès, Jaume Clavell; Sant Feliu de Guíxols, Josep Rius; Sant Feliu de Llobregat, Júlia Latorre; Santa Coloma de Gramenet, Carlos Villagrasa; Vilafranca del Penedès, Maria Gloria Valeri, y los exsíndicos de Sant Boi de Llobregat, Vilanova del Vallès y Santa Coloma de Gramenet Carles Dalmau, Montse Moreno y Fernando Oteros, respectivamente, mientras que no lo han firmado el de Lleida ni el de Tarragona.
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