Supremo reconoce a los intérpretes de Sierra Nevada el derecho a cobrar un plus de peligrosidad

La sentencia, de la que informa este jueves el alto tribunal, condena a las Consejerías de Medio Ambiente y de Hacienda y Administración Pública andaluzas a pagar a todos ellos el citado plus, cuyo importe está fijado en el 20 por ciento del salario base.

El Tribunal Supremo parte del análisis del Convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía que define la categoría profesional de intérprete-informador. Lo define como aquel trabajador que ejerce funciones administrativas y cuya función principal es la de atender al público en las Oficinas de Turismo, con dominio al menos de dos idiomas modernos, aunque admite que puedan realizar también cualquier otra función de la misma o análoga naturaleza.

"Nada que ver sin duda con las muy especiales y excepciones tareas que tienen encomendadas quienes realizan trabajos de esa misma categoría profesional en el espacio natural de Sierra Nevada, que pueden llegar a asumir funciones muy alejadas de las puramente administrativas de atención al público que se realizan de ordinario en una oficina de turismo", subraya la sentencia.

La Sala de lo Social afirma que en los hechos probados figura que en este caso, planteado por un intérprete, junto a las tareas de atención al público en las oficinas de turismo, y por extraño que parezca en una profesión de esas características, estos trabajadores realizan otras actividades tan variopintas como caminar por senderos con escolares, asociaciones y todo tipo de público, acompañar al personal técnico del espacio, diseño y seguimiento de senderos en el espacio natural, seguimiento de infraestructuras de uso público en el espacio protegido, colaboración con el Sereim para la localización de accidentados o perdidos, entre otras.

La sentencia destaca que "sobra cualquier esfuerzo dialéctico para razonar hasta qué punto se alejan estas funciones de las ordinarias de atención público en una oficina de turismo".

Prueba de ello, según los magistrados, es el catálogo de riesgos específicos de naturaleza extraordinaria a los que están sometidos, entre otros, derivados de la ubicación del puesto de trabajo a más de 1.500 metros de altitud y en el entorno de la alta montaña, con alturas hasta 3.482 metros y gran parte del territorio por encima de los 2.000 metros, riesgo de accidentes y caídas, desplazamientos por pistas y caminos de alta montaña, el frío, la radiación solar, picaduras de insectos y reptiles o la dificultad de atención y rescate en caso de sufrir un accidente.

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