ARTUR MAS Y DOS CONSEJERAS DE SU GOBIERNO SERÁN JUZGADOS EL 6 DE FEBRERO POR LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA DEL 9-N

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha señalado el juicio contra el expresidente de la Generalitat de Catalunya Artur Mas y las exconsejeras de su Gobierno Joana Ortega e Irene Rigau, por la organización de la consulta independentista del 9-N, para los días 6 al 10 de febrero de 2017.
La instrucción del caso concluyó el pasado mes de junio, con el mantenimiento de la acusación contra los tres procesados por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación administrativa. La Fiscalía Superior de Cataluña solicita nueve años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Artur Mas al ser acusado de desobediencia y de prevaricación.
Es la misma pena que el ministerio público propone para la exviepresidenta del Ejecutivo catalán en 2014, Joana Ortega, mientras que para la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, a la que se responsabiliza de haber ordenado la apertura de los colegios electorales en instalaciones educativas, solicita ocho años y siete meses de inhabilitación.
El instructor acordó dar traslado a las partes para que soliciten la apertura de juicio y presenten los escritos de calificación o soliciten el sobreseimiento de la causa. En paralelo, el Tribunal Supremo mantiene el proceso contra el exconsejero de Presidencia y candidato de CDC al Congreso, Francesc Homs, por los mismos hechos.
El juez consignó en el auto de apertura de la vista oral que Artur Mas admitió "ser el máximo responsable de la iniciativa política" que desembocó en la organizar la consulta "y de haber impulsado el proceso participativo del 9-N. Asimismo, refirio´ haber recibido una comunicación por parte del presidente del Tribunal Constitucional, en la que se le indicaba la suspensión de la convocatoria del 9-N y de las actuaciones de preparación de la misma o vinculadas a ella".
El entonces presidente de la Generalitat "informó a la consejera Rigau i Oliver y a la consejera Ortega i Alemany de la existencia de la providencia y de la orden de suspensión". Rigau y Ortega recibieron una comunicación de la delegada del Gobierno en Cataluña, en concreto el 5 de noviembre de 2014, en la que se les indicaba que "adoptar acuerdos como la puesta a disposición de los centros educativos podía contravenir la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional, a la par que se recordaba la importancia de no adoptar acuerdos o llevar a cabo actuaciones contra lo ordenado en la providencia".
Sin embargo, desoyendo estas advertencias y la decisión del Tribunal Constitucional, Ortega dio las órdenes precisas para poner en marcha el sistema informático que dio soporte a la consulta y Rigau solicitó a la dirección de los centros escolares públicos que prepararan sus instalaciones para la votación.

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