Miércoles, 13.12.2017 - 12:14 h

Un ex director general absuelto del caso Cooperación reclama a la Generalitat 15.000€ por gastos de su defensa

Un ex director general absuelto del caso Cooperación reclama a la Generalitat 15.000€ por gastos de su defensa

Felip, ex alto cargo público dependiente de la Generalitat, fue condenado inicialmente por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a siete años de inhabilitación por firmar la certificación de cierre de tres expedientes menores otorgados a la trama --distintos a las ayudas para Nicaragua--. No obstante, el Tribunal Supremo (TS) le absolvió posteriormente de cualquier delito.

Con esta absolución, Felip se dirige a la Generalitat --presentó un escrito el pasado día 16 de diciembre ante la Conselleria de Transparencia-- y recuerda que le condicionaron el resarcimiento de los gastos ocasionados por su asistencia jurídica una vez hubiese recaído sentencia firme.

Con esta resolución del TS, Felip, persona de confianza de Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y exdiputado 'popular' condenado a prisión por esta causa, reclama ahora que le abonen los costes de su abogado --15.000 euros-- por representarle durante la instrucción en un juzgado de Valencia y durante el juicio, que se prolongó más de un mes, en el TSJCV.

Para ello, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Felip reclama que al amparo del artículo 11.5 de la Ley 10/2005 de Asistencia Jurídica de la Generalitat Valenciana sean atendidos los gastos ocasionados de su asistencia jurídica y representación legal por la Conselleria de Transparencia, actual sucesora en competencias de Cooperación Internacional.

"ESTRICTA LEGALIDAD"

En este mismo escrito Felip insiste en que como consecuencia del ejercicio de sus funciones en la Generalitat Valenciana, "realizadas en todo momento con sujeción a la más estricta legalidad", fue imputado en este procedimiento, sobre el que todavía quedan dos piezas instruyéndose y en las cuales, permanece investigado. Se trata de una pieza relativa a ayudas a diversas ONGs y otra a subvenciones para la construcción de un hospital en Haití.

Felip, como cargo público, fue asistido inicialmente por la Abogacía de la Generalitat, en octubre de 2010, cuando fue detenido. Su representación se extendió hasta julio de 2011 y seguidamente fue representado por otro letrado privado. Precisamente esta situación fue denunciada por su abogado al inicio del juicio, cuando acusó al Consell de hacer un "flagrante doble juego" puesto que se encontraba en la vista como acusación. Esto le ocasionaba, según su abogado, una "grave" indefensión sobre la que ni el TSJCV ni el Tribunal Supremo llegaron a pronunciarse a favor.

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