La financiación vuelve a marcar la agenda política en 2016, que acaba con la mirada puesta en la nueva CVMC

Estos han sido algunos de los temas que han marcado 'políticamente' el 2016 en la Comunitat, un año que también ha estado determinado por la repetición de elecciones y los movimientos previos y posteriores --la 'entesa' valenciana no autorizada por Ferraz o la expansión de la expresión "gobierno a la valenciana" por el país-- así como la revisión del Acord del Botànic, impulsada por Podemos, que no ha dejado pasar la oportunidad de recriminar al PSPV la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

El 2016 ha dejado 'enfrentamientos' judiciales entre Consell y Gobierno a cuenta de decretos autonómicos o leyes relacionadas con el derecho foral --el TC ha anulado las de custodia compartida, uniones de hecho y régimen económico matrimonial-- o la reivindicación de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo.

Si en su discurso de fin de año de 2015 Puig hablaba del inicio de la "reconstrucción" de la Comunitat tras 20 años de PP, desde entonces han sido numerosas las veces que distintas voces del Consell han incidido en la labor realizada para levantar la "hipoteca reputacional" de la región y trabajar en pro de ese "renacimiento".

Desde la oposición, sin embargo, el PPCV ha criticado duramente la "inacción" del Consell, tal y como ha expresado en numerosas ocasiones su presidenta, Isabel Bonig, que también ha reprochado el "postureo" del rebautizado por los 'populares' como 'Govern del Titanic', al que profetiza en 2019 un hundimiento similar al del famoso transatlántico.

También desde Ciudadanos su síndic, Alexis Marí, ha acusado al presidente de "engañar" a los valencianos y crear "falsas expectativas", apostando por el victimismo y remitiendo a la herencia recibida --eso sí, de la "penosa" gestión del PP-- para justificar la "inacción" y llegó a acusar a Puig de vivir en "Fantasilandia".

El año arrancó con la interposición por parte del Consell de un recurso de inconstitucionalidad a los Presupuestos Generales del Estado a cuenta del fondo de suficiencia, una reclamación que el TC tumbaba en mayo. De haber prosperado, habría supuesto una inyección extra de 1.300 millones de euros, cantidad similar a la que ya había presupuestado el Consell como "reivindicación" del sistema de financiación, que se mantiene para 2017 y que ha llevado a la oposición a calificar las cuentas de "ficticias".

Si 2015 logró poner de acuerdo a todos los partidos en las Corts en la reivindicación de una financiación justa, un año después el Consell organizaba en Madrid un gran acto para presentar 'Tots a una veu' ante el país "el problema valenciano", un evento que no contó con la presencia de los 'populares' y que más tarde cuestionaría el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, que se refirió a él como "cóctel".

El desembolso del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) también ha marcado las relaciones entre Gobierno y Generalitat, con acusaciones de arbitrariedad y cartas cruzadas entre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro --que ha ejercido en funciones durante más de la mitad del año--, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, con el plan económico financiero como telón de fondo.

No ha sido esta la única carta en un año en el que la comunicación epistolar entre ambos Ejecutivos ha ocupado buena parte de la información política. Montoro utilizó esta vía para pedir un acuerdo de no disponibilidad de crédito (ante el incumplimiento del déficit) o para informar de la repercusión de la multa de casi 19 millones impuesta por la UE a España por las facturas en el cajón de la Conselleria de Sanidad durante gobiernos anteriores.

CONTINÚA EL CAMINO PARA UNA NUEVA RADIOTELEVISIÓN

Por otra parte, este año las Corts han aprobado --con la abstención del PP y el respaldo del resto de grupos-- la ley que ha dado luz verde a la creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) para recuperar el servicio de radio y televisión autonómicas tras el 'apagón' de RTVV, que en noviembre cumplió su tercer aniversario.

Aunque en un principio desde algunos grupos se barajaba que el servicio podría recuperarse antes de que acabara el año, en julio la elección de los miembros del Consejo Rector encalló --ante las discrepancias en torno al nombre de Josep López como candidato a presidente del mismo-- y el camino parlamentario quedó aplazado hasta después de vacaciones, siendo finalmente designado Enrique Soriano. Ahora queda pendiente la tramitación del mandato marco.

De forma paralela, la Audiencia Nacional ha fijado para el 11 de enero el juicio por el ERE en la antigua RTVV por la demanda de CGT tras la extinción de los 1.600 contratos del ente. Además, Consell y Gobierno han convocado la comisión bilateral para abordar las discrepancias de Moncloa respecto a algunos artículos de la ley de la CVMC --sobre personal y contratación-- e intentar así evitar un recurso del Estado.

MUERTE DE RITA BARBERÁ Y CASO TAULA

Uno de los acontecimientos más impactantes de la crónica política del ejercicio ha sido el fallecimiento de la exalcaldesa de Valencia y senadora, Rita Barberá, el 23 de noviembre en un hotel de Madrid, a los 68 años y a causa de un infarto.

La inesperada desaparición de la histórica primera edil 'popular' se produjo dos días después de su última aparición pública, cuando tuvo que ir a declarar ante el Supremo en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la 'Operación Taula', derivada del 'caso Imelsa'.

Precisamente esta ramificación del caso Imelsa, destapado a raíz de las grabaciones del exgerente de Imelsa, el autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavent, ha protagonizado buena parte de la información de política y tribunales de 2016 y ha popularizado términos como 'pitufeo'.

En la recta final del año el PP denunciaba contratos fraccionados y dietas injustificadas en Divalterra --heredera de Imelsa-- y su cogerente, Víctor Sahuquillo, dejó el cargo tras pagar los gastos cuestionados.

También ha dimitido este año la secretaria autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público, Dolores Salas, tras la polémica generada con el contrato de su hija en una fundación sanitaria, y se destituyó a la directora general de Internacionalización, Mónica Cucarella tras el informe que ve incompatible su cargo con el de apoderada en una gasolinera de Alzira. Otro alto cargo que ha dejado su cargo ha sido la responsable de Servicios Sociales del Consell, Sandra Casas, justo este viernes.

FIN DEL COPAGO Y NUEVO DICTAMEN SOBRE EL METRO

El 2016 deja también otras improntas, como el fin del copago farmacéutico y ortoprotésico, el anuncio del Consell de su intención de recuperar las concesiones sanitarias, la polémica sobre horarios comerciales, la derogación de la ley de señas de identidad impulsada por el PPCV, el proyecto de 'ley trans' y la polémica generada en torno a las palabras del cardenal Cañizares sobre el "imperio gay" o la sentencia del caso Terra Mítica.

Además, la segunda comisión de investigación del accidente de metro del 3 de julio de 2006 concluyó con un dictamen en el que se determina que fue evitable y responsabiliza, entre otros, al expresidente Francisco Camps o a los exconsellers Juan Cotino y Serafín Castellano. El documento fue entregado a la AVM3J en un año en que la estación de metro de Jesús ha recuperado su nombre.