Fiscal paraguayo rechaza arresto domiciliario para presos en huelga de hambre

  • La Fiscalía de Paraguay pedirá el miércoles a un juez que mantenga en prisión preventiva a cinco campesinos acusados de intento de homicidio por una matanza en 2012, quienes cumplen hoy 54 días de huelga de hambre para exigir que se les otorgue el arresto domiciliario.

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Asunción, 8 abr.- La Fiscalía de Paraguay pedirá el miércoles a un juez que mantenga en prisión preventiva a cinco campesinos acusados de intento de homicidio por una matanza en 2012, quienes cumplen hoy 54 días de huelga de hambre para exigir que se les otorgue el arresto domiciliario.

"La ley prohíbe el arresto domiciliario para imputados por hechos punibles catalogados como crímenes. No es capricho mío, lo dice la ley", dijo hoy Jalil Rachid, el fiscal encargado del caso, en una entrevista con Efe.

El fiscal aseveró que la norma no admite excepciones por el estado de salud de los detenidos y destacó que la huelga de hambre "es una decisión voluntaria de ellos", en la que la Fiscalía "no interfiere".

Los campesinos levantarían el ayuno si el juez sustituye la prisión preventiva por el arresto domiciliario, dijo a Efe su abogado, Vicente Morales.

En la audiencia del miércoles, en un tribunal de la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, la defensa pedirá el traslado a sus domicilios porque su vida está en riesgo y porque ya han pasado más de un año y nueve meses en prisión preventiva, explicó Morales.

Además, recalcará que otros seis campesinos también acusados de delitos vinculados con la matanza ya cumplen arresto domiciliario, sin que haya habido problemas.

Rachid dijo que los que están en sus casas no han sido imputados por tentativa de homicidio, sino por otros delitos menores.

Los labriegos iniciaron la huelga de hambre para exigir su puesta en libertad y que se determine la titularidad de las tierras en el conflicto que llevó al enfrentamiento, en el que murieron once de sus compañeros y seis policías.

El fiscal explicó que los campesinos están acusados de intento de homicidio de los agentes y no de homicidio, porque no se pudo demostrar quién efectuó los disparos que los mataron.

Dijo que testigos afirman que Rubén Villalba, uno de los acusados, hizo un disparo con su escopeta, pero no hay constancia de que matara a un agente, mientras que los otros imputados llevaban machetes.

Rachid explicó que el delito de "tentativa de homicidio" sanciona "la conducta" y manifestó que los campesinos prepararon el enfrentamiento.

No hay nadie imputado por la muerte de los once labriegos. "Los policías reaccionaron ante un ataque", dijo Rachid.

La defensa ha solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el argumento de que el proceso "está plagado de irregularidades".

La defensa alega, entre otras cosas, que durante la investigación desaparecieron pruebas como casquillos de balas de armas automáticas, que demostraban, en su opinión, que los disparos contra la Policía no procedieron de las escopetas de los labriegos.

Rachid negó que hubieran desaparecido esas evidencias. Reconoció que algunas de esas pruebas fueron recogidas y "manipuladas" por terceros en el lugar de los hechos, en vez de por la Policía.

"Sí hubo falencia de no haber resguardado la escena del crimen", admitió Rachid, quien dijo que el lugar era "enorme" y había una situación "de descontrol" tras el enfrentamiento.

La defensa pidió a la CIDH la suspensión del juicio, convocado para el 26 de junio, hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa.

Morales indicó que no se puede acusar a los cinco campesinos de invadir un inmueble ajeno, otro de los cargos contra ellos, si no está claro a quién pertenece.

Los terrenos de Marina Cué, la estancia de Curuguaty donde ocurrió la matanza, son disputados desde hace casi una década por el Estado y la empresa Campos Morombí, que pertenece a la familia del fallecido Blas Riquelme, quien fue un importante funcionario del Partido Colorado, actualmente en el poder.

Los campesinos invadieron las tierras para forzar su vuelta al Estado y que formaran parte de la reforma agraria.

Rachid dijo que con su petición a la CIDH la defensa solo pretende dilatar el proceso, que también ha intentado aplazar con numerosos recursos "improcedentes", según él. "Nosotros queremos que se realice el juicio", indicó.

Una semana después de la masacre, ocurrida en junio de 2012, el Parlamento paraguayo destituyó al entonces presidente, Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político, y nombró como presidente a Federico Franco, del Partido Liberal, hasta ese momento aliado de Gobierno.

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