Madrid, 8 mar.- La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que eleve de tres a cinco años y seis meses de prisión la condena para el exalcalde de Llucmajor (Mallorca) Lucas Tomas Munar (PP) por los delitos de malversación continuada de caudales públicos, fraude y prevaricación.
En la vista pública celebrada ante la Sala de lo Penal de este tribunal, el Ministerio Público ha reconocido la existencia de defectos en la resolución de la Audiencia de Baleares que le condenó el pasado mes de noviembre a tres años de cárcel y por los que fue anulada por el alto tribunal; sin embargo ha señalado que éstos no son "insalvables".
El tribunal balear mantuvo la pena de seis años para el exconcejal Joaquín Rabasco Ferreira al estimarle autor de un delito de malversación y otro de alzamiento de bienes, y de tres para María del Amor Aldao, por los mismos delitos.
La sentencia reiteraba como hechos probados que el alcalde, interesado en el año 1999 en el voto favorable de la Agrupación Social Independiente, cuyo presidente era Rabasco Ferreira, pactó con éste un plan de gobernabilidad del municipio "cuyo exacto contenido se desconoce".
Según expone ahora el fiscal en su recurso contra esta sentencia, "el alcalde, Lucas Tomás, era el competente para autorizar y aprobar la retención del crédito, el gasto y adjudicar el contrato sin que dicha función hubiese sido objeto de delegación".
Asimismo, sostiene que "el acuerdo o contubernio es flagrante y escandaloso, situado al margen de cualquier principio ético y democrático. Se supeditó el apoyo que facilitaba la gobernabilidad del municipio, prostituyendo el mandato popular, a la consecución de un enriquecimiento injusto que asolaba las arcas del erario público".
Por todo ello, la fiscal solicita imponer al exalcalde 5 años y medio de prisión, y para Joaquín Rabasco, cinco años y tres meses de cárcel, con una inhabilitación absoluta de nueve años y seis meses para el primero y de 9 años para el segundo.
Para María del Amor Aldao, secretaria personal de Rabasco, pide 3 años y 6 meses de prisión y una inhabilitación absoluta de 6 años por los mismos delitos de malversación continuada de caudales públicos, fraude y prevaricación.
La fiscal considera que estos delitos fueron cometidos en concurso real de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y alzamiento de bienes.
Por su parte, las defensas han solicitado la absolución o en su defecto la repetición del juicio, ya que consideran que en las resoluciones de la Audiencia de Baleares y del Supremo existen grandes contradicciones, y que a su juicio, "la sentencia es inaudita y crea una desconcertante duplicidad".
También han subrayado que la resolución no es correcta ya que la prueba indiciaria no ha sido valorada bien, y han añadido que ésta no es ni "directa" ni "unívoca", y que el Ministerio Fiscal ha obviado elementos esenciales.
El abogado del exalcalde de Llucmajor, José Antonio Choclán, ha asegurado que la Sala sostiene que los indicios "no incriminan directamente a su defendido" y que por ello se ha producido un quebranto en su derecho a la presunción de inocencia.
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