"El juez decretó (el jueves pasado) la libertad de cuatro de los siete (militares detenidos) porque no encontró una sola prueba de su responsabilidad penal" en el caso Tlatlaya, una población del estado de México a 240 km de la capital, dijo a Radio Fórmula Juan Velázquez, abogado de los uniformados.
El 30 de junio de 2014, el ejército mexicano informó que 22 presuntos delincuentes, entre ellos una menor de 15 años, habían muerto en un enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya.
Después de que una testigo superviviente asegurara a la revista Esquire que esas personas fueron ejecutadas a sangre fría luego de rendirse, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó hace un año que al menos 12 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente ese día.
Un oficial y seis soldados enfrentaron un juicio por su presunta participación en la muerte de ocho personas en Tlatlaya, todos acusados por ejercicio indebido del servicio público y sólo tres de ellos por homicidio calificado.
La "historia de que entraron a la bodega a ejecutar a los civiles es una verdadera mentira que se está cayendo a pedazos", dijo este lunes el abogado defensor.
Horas más tarde, la fiscalía dijo que acata la decisión pero anunció que "interpondrá el recurso de apelación correspondiente".
"El Ministerio Público de la Federación seguirá aportando los elementos de prueba suficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable o plena responsabilidad de las personas involucradas", precisó en un comunicado.
Sin aludir a la fiscalía, el abogado Velázquez dijo que las declaraciones de tres testigos contra los militares son "contradictoras" y "fabricadas" por organizaciones civiles.
El abogado consideró que estás organizaciones se han dedicado a "perseguir a los soldados", una práctica que, dijo, se ha convertido en "el deporte popular" en México.
Aunque los soldados aún enfrentan un proceso del fuero militar, los cargos que pesan sobre ellos admiten libertad bajo fianza, añadió el abogado.
El caso Tlatlaya se considera uno de los más graves abusos de militares mexicanos contra civiles desde que en 2006 el entonces presidente Felipe Calderón sacara a las calles a los uniformados para combatir el narcotráfico.
En otro caso, cuatro militares fueron detenidos en julio pasado por su probable responsabilidad en la desaparición forzada y el homicidio de siete jóvenes en Zacatecas (norte).
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