La cnmc abre un expediente sancionador contra seis empresas del mercado del turrón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra seis empresas por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado del turrón, consistentes en la fijación de precios y el intercambio de información comercialmente sensible, según informó este martes el organismo regulador en una nota.
En concreto, las empresas incluidas en el expediente son Delaviuda Alimentación, Almendra y Miel, Sanchis Mira (Antiu Xixona, entre otras marcas), Turrones Picó, Enrique Garrigós Monerris y Turrones Jose Garrigos. El motivo se debe a posibles prácticas anticompetitivas consistentes en la fijación de precios, de forma directa o indirecta, o de otras condiciones comerciales y de servicio, así como el intercambio de información comercialmente sensible en el mercado español, prohibidas en la Ley de Competencia.
Esta conducta se considera una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocio total de las entidades infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
La CNMC inició una información reservada con el fin de determinar si concurrían circunstancias que justificasen la incoación de expediente sancionador a la vista de determinada información relacionada con posibles conductas anticompetitivas en el suministro de turrones por parte de los fabricantes de dichos producto
En el marco de dicha información reservada, con fecha 5 y 6 de noviembre de 2013, se realizaron inspecciones en las sedes de Delaviuda Alimentación, Almendra y Miel, Sanchís Mira, Turrones Picó y Enrique Garrigós Monerris.
Como resultado de tales investigaciones, Competencia ha constatado “indicios racionales” de la existencia de conductas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, por lo que se ha incoado expediente sancionador contra estas empresas
El organismo regulador presidido por José María Marín Quemada indicó que la investigación de los cárteles supone una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la “especial gravedad” de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados. Para ello se cuenta, entre otros, con el programa de clemencia que permite beneficiar a las empresas que aporten elementos de prueba que posibiliten a la CNMC la detección o la comprobación de la existencia de un cártel.
En cualquier caso, se inicia a partir de ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la CNMC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado final de la investigación.