El abogado de Podemos, Alberto Suárez, personado en la causa ya ha manifestado en repetidas ocasiones que pedirá prisión provisional para los condenados por este caso de corrupción en el seno de la administración asturiana, cuando presidía el Principado el socialista Vicente Álvarez Areces, al entender que existe riesgo importante de fuga.
La mayor de las condenas recae en la exdirectora de Planificación de la Consejería de Educación, María Jesús Otero, condenada a nueve años y medio de prisión por varios delitos de malversación de caudales públicos y cohecho y deberá pagar una indemnización de 2.500.000 euros. El exconsejero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, ha sido condenado a seis años de cárcel y 400.000 euros de multa.
La funcionaria Marta Renedo ha sido condena a nueve años de cárcel con multa de 480.000 mil euros y una indemnización a la administración del Principado por las cantidades sustraídas. A los empresarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, se les impone seis años de prisión para cada uno.
La Audiencia también ha condenado al gerente de Asac Comunicaciones, Maximino Fernández Álvarez, a un año y nueve meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil concurriendo la atenuante analógica de confesión y al pago de una multa de 3.240 euros.
José Antonio Azorín Iglesias, de Nora Proyectos e Ingeniería, ha sido condenado a un año de prisión por un delito de falsificación en documento mercantil en concurso con un delito de fraude a la Administración y deberá abonar una multa de 2.880 euros.
Por último, la Audiencia ha condenado al ex jefe de compras del Ayuntamiento de Mieres, Francisco Javier Juárez González, al pago de 2.250 euros de multa por un delito de cohecho.
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