El Juzgado de Instrucción número 2 que investiga el caso de 'La Perla Negra' sobre presunta malversación en las operaciones urbanísticas en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y del fallido polígono industrial de Portillo, retomará a partir del próximo día 6 de febrero de 2017 el curso de los interrogatorios tras citar, en calidad de testigos, a otras seis personas, entre ellas el actual presidente del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo.
Buena parte de los testigos son peritos de distintas empresas que en su día elaboraron informes sobre el posible coste por la adquisición del edificio de Soluciones Empresariales, también conocido como 'La Perla Negra', según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Así, los primeros en desfilar, el 6 de febrero, serán Estefanía F.G. y Fernando G. de la C, de Alia y Tinsa, respectivamente, con motivo de los informes que emitieron por encargo de la Consejería de Hacienda, a instancias del entonces secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, Rafael Delgado, y que cifraron el precio de compra del inmueble, por el mismo orden, en 39.167.961,84 euros y 41.789.300 euros.
Para el día 13 los citados son Tomás M.M. y Víctor José L.B, el primero coordinador de la Consejería de Economía y autor de un informe presentado en diciembre de 2008 a los miembros del Consejo de Administración de Gesturcal en el que se advertía del elevado coste por el alquiler del edificio y se establecía una horquilla de entre 60 y 72 millones por la opción de la compra, fijando como precio medio 66 millones a negociar con los propietarios del mismo, la empresa Urban Proyecta.
En cuanto a Víctor José L.B, es autor de una nueva tasación del inmueble encargada por el Consejo de Gesturcal en febrero de 2009 y que fue adjudicada a Inmoseguros. El precio fijado se situó en 52.155.000 euros, que, más el IVA, fue finalmente el que cerró la compra de 'La Perla Negra'.
La testifical del actual presidente del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, director gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios en el momento de la compra, en 2009, se celebrará el día 20 de febrero, si bien el edil ya ha asegurado que no participó en el proceso ya que era ajeno a sus competencias, aunque ha matizado que si tuvo conocimiento "en fase posterior".
La última citación en esta nueva tanda, para el 20 de febrero, corresponde a María Teresa Mata Sierra, actual subdelegada del Gobierno en León y secretaria general de la Consejería de Hacienda entre 2007 y 2009, quien en su momento calificó como buena opción la compra del inmueble.
Los seis interrogatorios, a juicio de la Fiscalía vallisoletana, podrán llevarse a cabo a pesar de que aún el Juzgado de Instrucción número 2 no haya recibido la investigación patrimonial encomendada al Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de la Policía Judicial (BPPJ), circunstancia que, sin embargo, sí obligó a suspender las testificales que tenían que haberse desarrollado el 16 de noviembre en la persona de los empresarios Ángel Román Montes López, Fernando Mínguez Beltrán y Luis María García Clérigo.
INFORMACIÓN SOBRE VILLANUEVA
Lo que sí ya obra en poder del instructor, César Gil Margareto, es la documentación que la Fiscalía vallisoletana había solicitado a la Junta de Castilla y León para que ésta especificara todos los cargos que Tomás Villanueva, ex consejero de Economía en la época investigada, había asumido en la Administración regional desde su llegada a la misma, así como los nombres de los viceconsejeros y secretarios generales de los distintos departamentos en los que coincidieron con él, a los efectos de una posible futura citación.
Entre los últimos informes recibidos por el instructor se incluye también el solicitado a la empresa Unifica Servicios Integrales sobre los trabajos realizados por ella en relación con el edificio de Arroyo de la Encomienda, con la particularidad de que en la documentación remitida por la mercantil la misma--había reformado la sede del PP en Génova--precisa al juez que, contrariamente a lo que se había venido informando hasta ahora, no fue la encargada de suministrar el mobiliario de 'La Perla Negra'.
La empresa, que supuestamente recibió 4,4 millones de euros, matiza que su labor fue la de preparar la documentación necesaria para la organización de un concurso destinado a la compra del mobiliario, planos para el concurso del mobiliario y definición del mismo e información para la instalación de muestras de mobiliario en las oficinas de la Junta en el polémico edificio, entre otros trabajos.
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