Los trabajadores de Ecomasa no recurrirán las sentencias que eximen a Sodercan del pago de sus indemnizaciones

Los trabajadores de Ecomasa no recurrirán las sentencias que eximen a Sodercan del pago de sus indemnizaciones

Los trabajadores de Ecomasa han decidido no recurrir las sentencias de lo Social y lo Mercantil dictadas recientemente que desestiman sus demandas y eximen a Sodercan de responsabilidad solidaria en el pago de sus indemnizaciones.

Tanto el Juzgado de lo Mercantil de Santander, como la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), en tres sentencias consecutivas, y previamente el Juzgado de lo Social nº 4, han rechazado la pretensión de los trabajadores de la factoría de estufas de Maliaño.

La abogada de los trabajadores, María Teresa Ortíz, ha confirmado a Europa Press que no va a recurrir las sentencias y que "estudiarán otras opciones".

El cierre de Ecomasa pese a la inyección de 18 millones de euros de dinero público desde 2002, tiene varios frente abiertos: en la vía mercantil con el proceso concursal; en la vía penal con la querella presentada por los trabajadores; y a nivel político con la comisión de investigación creada en el Parlamento con el apoyo de los cinco grupos parlamentarios y a iniciativa de Podemos.

Los trabajadores siguen a la espera de que se produzcan avances en la instrucción del proceso penal incoado a raíz de su querella contra los antiguos propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, y de que la Audiencia resuelva sus recursos contra el último auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que data de abril del año pasado.

En este proceso están personados como acusación particular SODERCAN y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), los dos organismos públicos dependientes del Gobierno de Cantabria que concedieron a Ecomasa 18 millones de euros en financiación y avales.

El objetivo es esclarecer el destino de ese dinero público concedido a EWI desde 2012, y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los 88 trabajadores despedidos de Teka que fueron contratados por Ecomasa.

Mientras tanto, la comisión de investigación puesta en marcha en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas, ha sufrido un parón por las Navidades y la tramitación del proyecto de ley de presupuestos para 2017.

Está también pendiente el procedimiento concursal. El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a Ecomasa en septiembre de 2015, al mes siguiente se abrió la fase de liquidación, y en enero de 2016 se autorizó la medida colectiva de extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla. La empresa se encuentra cerrada y sin actividad.

La administración concursal de la fábrica de estufas ha calificado de culpable el concurso de la mercantil, y ha remitido un informe al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander para que, además de proceder a esa declaración de culpabilidad, inhabilite a sus propietarios, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, a los que reclama también 2,3 millones de euros por daños y perjuicios.

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