El Tribunal de Cuentas ha pedido en el Congreso medidas para corregir la dispersión normativa que entre administraciones existe en materia de Dependencia y que, según ha denunciado, provoca deficiencias en la gestión del gasto público y desigualdades entre los beneficiarios de estas ayudas, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan.
El organismo quiere evitar, así, situaciones como las detectadas en los informes de fiscalización de la Ley de Dependencia correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, en los que, según ha denunciado, más de 190.000 personas con derecho a recibir ayuda, estaban esperándola.
Ambos documentos, que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con este órgano fiscalizador, critica que esta situación se debe a la "falta de homogeneidad" entre los sistemas informáticos para la gestión de la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), gestionado por el IMSERSO, así como la falta de integración en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y de las prestaciones económicas derivadas de la situación de dependencia.
"Ello ha propiciado la deficiente actualización de la información en relación con el colectivo de beneficiarios, como la existencia de personas fallecidas, duplicidades y falta de homogeneización de datos entre comunidades autónomas", ha denunciado Álvarez de Miranda, quien ha apuntado que esto, a su vez, ha ocasionado "incidencias de cálculo y liquidación de la aportación de la Administración General del Estado, tanto en concepto del nivel mínimo de protección como de la financiación adicional acordada".
A pesar de estas críticas, el presidente de Tribunal de Cuentas ha reconocido mejoras, con respecto a las recomendaciones que el organismo propuso en el informe fiscalizador correspondiente a 2011. Así, los 190.503 dependientes que, a día 31 de diciembre de 2013, estaban pendientes de recibir las ayudas y servicios que les habían sido concedidos, es na "cifra elevada" pero menor que los 305.941 que esperaban dos años antes.
2017 TENDRÁ UN "PROGRAMA AMBICIOSO"
El propio presidente del órgano ha achacado estas correcciones a los informes emitidos, una argumento que han usado algunos partidos de la oposición para recordar a Álvarez de Miranda la importancia de que el servicio de auditoría se mantenga para esta ley. Y es que el Tribunal de Cuentas no fiscalizará esta normativa en 2017.
Así lo ha confirmado Álvarez de Miranda en su comparecencia, aunque no ha descartado que esta situación pueda cambiar en el futuro. "Es cierto que la dependencia no ha sido incluida en el programa de 2017. Se trata de una programa ambicioso en el que hemos pretendido hacer muchas fiscalizaciones y no todas se pueden hacer", ha declarado.
Durante la sesión, la senadora del PP, María Teresa Antoñanzas, ha celebrado las "sensibles mejorías" en la gestión de la Dependencia registradas por el Tribunal de Cuentas y ha recordado que el Gobierno de su partido ha recuperado en los últimos años 39 millones para mejorar esta situación. Sin embargo, ha compartido la necesidad de mejorar en la dispersión normativa, la reducción plazos para facilitar prestaciones o impulsar los cursos formativos para los cuidadores no profesionales.
El portavoz socialista en esta comisión, el senador Félix Ortega, se ha unido a Álvarez de Miranda para denunciar la falta de coordinación entre administraciones y ha reprochado al Gobierno que entre el informe de 2011, última legislatura del PSOE, y los ahora presentados haya "datos tan dispares" a peor.
MISMAS DEBILIDADES 10 AÑOS DESPUÉS
Para la senadora de Unidos Podemos, Concepción Palencia, lo reprochable es que cuando se cumplen diez años de la aprobación de esta ley se sigan encontrando "debilidades y deficiencias" en estos aspectos. Esta situación demuestra, a su juicio, que la norma necesita de un seguimiento por parte del Tribunal de Cuentas y ha llamado al órgano a que "recapacite, rectifique y siga ejerciendo el control al respecto" en el presente ejercicio.
Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, el diputado Saúl Ramírez, ha denunciado que, tras haber ampliado en 130 millones de euros las partidas para Dependencia gracias al acuerdo entre su partido y el Gobierno en materia presupuestaria, ahora esta cantidad no se utiliza para su fin. "A la hora de la gestión las comunidades autónomas están siendo deficitarias. Si llegan fondos y la gestión no es óptima el resultado es el mismo que si no hubiera inversión suficiente", ha concluido.
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