El Tribunal de Cuentas ha querido salir al paso de "acusaciones infundadas" criticando la imposición de una fianza de más de cinco millones al expresidente catalán Artur Mas por abonar gastos de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y ha subrayado la independencia de sus actuaciones, recordando que todas sus acciones están sometidas al ordenamiento jurídico.
En un comunicado hecho público este martes, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda recuerda que sus consejeros son designados por las Cortes Generales (seis en el Congreso y seis en el Senado) por una mayoría de tres quintos en cada cámara (en el Congreso son 210 votos, lo que exige el apoyo de más de un partido), y que deben tener "unos requisitos de capacitación y experiencia" y han de contar con "el reconocimiento de un estatus jurídico que garantizan su independencia en el ejercicio de sus funciones".
"El Tribunal de Cuentas y sus miembros, como se ha puesto de manifiesto reiteradamente, ejercen sus funciones, fiscalizadora y jurisdiccional, con absoluta independencia y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico", remarca la institución.
LA SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO ES COMO UN TRIBUNAL
Y en concreto recalca que la función de enjuiciamiento contable, similar al de la justicia ordinaria, "tiene una naturaleza jurisdiccional que garantiza la independencia de los órganos a los que corresponde exigir la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos y hayan dado lugar a su menoscabo", y eso implica, cumplir "los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico".
En su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha negado también que la institución esté haciendo "el trabajo sucio" del Gobierno y ha recordado que en el caso de Artur Mas no hubo una actuación de oficio, sino que se limitaron a tramitar una denuncia, en este caso de Sociedad Civil Catalana (SCC).
"Quiero dejar claro que el Tribunal de Cuentas no hace el trabajo sucio de nadie", ha subrayado el presidente de la institución, remarcando que la sección de Enjuiciamiento, la que ha asumido el caso del 9-N, es independiente de los consejeros y donde el presidente ni interviene, pues funciona como "un tribunal propiamente dicho", con sus propios tiempos y desarrollo.
REACCIÓN ABSOLUTAMENTE INJUSTA
Álvarez de Miranda ha insistido en que, en lo relativo a la consulta soberanista del 9-N, el tribunal aún está en sus actuaciones previas y que el paso de pedir fianza "no es diferente" al que se ha seguido en otros procedimientos. "Quizás se sorprenderían y retirarían esas acusaciones absolutamente injustas", ha dicho a los parlamentarios.
"El tribunal actúa con rigor, imparcialidad y objetividad. Tratamos igual un caso que otro --ha enfatizado--. El Tribunal de Cuentas no recibe instrucciones, y si las recibiera, no las acepta".
Tampoco acepta críticas a los ritmos de la institución y ha indicado que el tribunal remite al Congreso sus informes en cuanto los aprueba y que es el Parlamento el que decide cuándo los debate. "En el último año y medio pude haber presentado ciento y pico informes en esta comisión en jornadas maratonianas como la presente, pero fueron aprobados en el 13, 14 o el 15 y la pérdida de diligencia de las cosas que aquí se ponen encima de la mesa es resultado no exclusivamente o no principalmente de la labor del tribunal", ha concluido.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios