Guatemala, 6 mar (EFE).- Un juez de Instancia Penal de Guatemala recibió hoy del Ejército dos de los archivos que reseñan los planes militares ejecutados en la década de los ochenta, que al parecer iban dirigidos contra la población civil.
La diligencia fue avalada por el cuerpo diplomático de Suecia, Holanda y Estados Unidos, como testigos de honor.
El juez Jorge Mario Valenzuela se presentó en las instalaciones del Estado Mayor de la Defensa para verificar el contenido de los planes "Victoria 82" y "Firmeza 83".
Tras la diligencia, Valenzuela decidió dejar bajo reserva del tribunal los dos archivos militares y prohibió revelar la información de los documentos hasta que él lo autorice.
Los dos archivos habían sido presentados el miércoles de la semana pasada ante la justicia por el ministro de Defensa, general Abraham Valenzuela, que no los aceptó por considerarlos "incompletos", ya que la Corte de Constitucionalidad, que desde 2007 había ordenado la desclasificación de los documentos, contemplaba la entrega de cuatro expedientes.
La orden atiende la solicitud de los familiares de las víctimas de la guerra, que persiguen acciones legales contra los responsables de la violencia que sacudió al país entre 1960 y 1996.
Desde 2000 los familiares de las víctimas exigen la desclasificación de los documentos que describen las operaciones militares "Ixil" y "Sofía 82", además de "Victoria 82" y "Firmeza 83".
En su momento, el ministro Valenzuela señaló que los documentos que no se habían entregado, por mandato judicial y presidencial, habían desaparecido, denuncia que ratificó hoy ante el Ministerio Público (MP).
El juez tiene previsto entregar el próximo lunes copias certificadas de los archivos "Victoria 82" y "Firmeza 82" al MP y a la Asociación de Justicia y Reconciliación (AJR), que participa como querellante en un proceso abierto en 2000 contra un grupo de ex altos cargos militares por los delitos de genocidio.
El abogado del general retirado José Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982 y 1983, y es uno de los implicados, interpuso un recurso judicial para evitar que los planes militares sean desclasificados por considerar que son "secreto de Estado".
En una reunión con la prensa, este jueves, Ríos Montt aseguró que él no firmó ni aprobó los planes militares en cuestión, aunque se ejecutaron durante su periodo de gobierno.
La acción de los abogados de Ríos Montt, agregó el juez Valenzuela, la tendrá que resolver la Corte Constitucional.
El representante del Centro Legal para los Derechos Humanos, Mario Minera, calificó de "importante" la entregada al tribunal de los dos archivos militares, como un paso para aclarar las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el pasado conflicto armado.
La guerra interna de Guatemala, de acuerdo con el informe "Memorias del Silencio", que presentó en 1999 la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), dejó al menos 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.
La CEH documentó en ese informe 669 casos de matanzas, 626 de las cuales fueron atribuidas al ejército.
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