Colombia y EE.UU. proponen una alianza continental contra el narcotráfico

Guatemala, 19 feb (EFE).- El combate al narcotráfico requiere de una alianza continental para evitar el avance de la transnacionalización del problema, coincidieron hoy en Guatemala responsables de la lucha antidrogas de Colombia y Estados Unidos.

"Es imprescindible adoptar políticas frente al problema del narcotráfico y fortalecer las leyes para evitar el avance de ese delito", aseguró en una rueda de prensa en un hotel de la capital guatemalteca Omar Figueroa, de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) de Colombia.

Figueroa y el director de la Sección de Asuntos Narcóticos de la embajada de Estados Unidos en Colombia, Perry Holloway, visitaron hoy Guatemala para compartir con las autoridades la experiencia del país suramericano en el combate al tráfico de drogas.

Centroamérica, señalaron los expertos, se considera la zona de paso de un 60 por ciento de la droga que va hacia Estados Unidos.

"Si aumenta el narcotráfico, habrá más violencia, más impunidad y más corrupción", advirtieron.

Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar una lucha conjunta a nivel continental contra el narcotráfico para detenerlo.

La alianza, según Figueroa, deberá incluir medidas legales y acciones coordinadas entre las fuerzas de seguridad y los sistemas financieros que combaten el lavado de dinero.

A juicio de Holloway, muchos de los países no utilizan bien sus legislaciones y convenios tanto bilaterales como multilaterales contra el crimen, mientras que "los malos del crimen organizado utilizan todos sus recursos, como dinero, armas y poder de corrupción".

Colombia, en su opinión, se ha convertido en el país "líder" de la lucha contra las drogas en América por contar con leyes más drásticas para frenar el narcotráfico.

Entre ellas, mencionó la Ley de Extinción de Dominios, que permite combatir el lavado de activos y arrebatar millonarias cantidades de dinero y bienes a los narcotraficantes.

Figueroa apuntó que el dinero incautado se invierte en la construcción de viviendas populares y de 11 prisiones de máxima seguridad, cuyo costo total es de 240 millones de dólares.