Ramón Romeo Rotaeche tenía 52 años y era padre de seis hijos cuando ETA decidió que era un objetivo, que merecía morir. Una mañana, cuando salía de misa en 1981, la banda terrorista le asesinó de un tiro en la nuca y le dejó agonizando en un charco de sangre. La presunta responsable del disparo, Natividad Jáuregui, nunca pagó por el crimen. Cuando fue detenida, después de 30 años a la fuga, evitó que España la juzgara gracias a la ayuda de Paul Bekaert, un abogado que consiguió convencer al tribunal belga que dirimía la extradición de la etarra de que en España se torturaba. Ahora, es el letrado de Carles Puigdemont.
El despacho de Bekaert está ubicado en la localidad flamenca de Tielt (a unos 80 kilómetros al oeste de Bruselas), con una fuerte presencia nacionalista. Vinculado desde hace años con el entorno etarra, también fue el defensor de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno Ramago y Raquel García Aranz, detenidos en Bruselas en 1993. Logró su excarcelación al alegar que la confesión de ambos había sido obtenida mediante "malos tratos y golpes".
Sus opiniones, y no solo las esgrimidas en los juicios, también han estado siempre sembradas de polémica. Así, en el diario Gara en 2005, aseguró que la Audiencia Nacional era un "tribunal de excepción", una "herencia del franquismo" y "exclusivo" para los "activistas vascos", que es como denominó a los etarras. Además, acusó a España de no ser "ni de lejos" un "Estado constitucional maduro".
Otro blanco de sus críticas fue el exjuez Baltasar Garzón, después de que la Universidad Libre de Bruselas le concediera la distinción Doctor Honoris Causa, al que acusó de realizar "servicios" para el "Estado español", de ser el "padre espiritual, el motor, de la caza de vascos" y de haber establecido la "criminalización del movimiento independentista vasco".
En su opinión, Baltasar Garzón metía a todo el mundo "en el mismo saco" situando en la misma línea a los que no han cometido forma alguna de violencia con los que "cometen violencia política". Su ataque al juez se centró en la estrategia seguida por el magistrado de la Audiencia Nacional para desmontar la estructura política y social de apoyo a ETA y calificó la ilegalización de Herri Batasuna como un "golpe a comités de apoyo a presos políticos, movimientos antitortura y organizaciones juveniles vascas, portavoces en el ámbito internacional y abogados de activistas vascos".
Bekaert también se hizo cargo de la defensa de otros sospechosos procedentes de regiones con movimientos independentistas violentos, entre ellos varios reclutadores relacionados con el conflicto checheno y la terrorista kurda Fehriye Erdal, condenada este febrero a 15 años de prisión por el asesinato de tres personas en 1996.
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