Esta ayuda se creó en 2009 para el caso de Pablo Ibar, que hasta ahora había sido el único beneficiario de esta partida, pero las bases de la convocatoria permiten que también la solicite Segarra, condenado a muerte el pasado abril. La partida ascendía inicialmente a 60.000 euros anuales, pero en los últimos años se redujo a 30.000 y ahora es posible que ese importe se reparta entre dos personas. El plazo para solicitar la ayuda es de un mes a contar desde el pasado viernes.
La orden publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado mantiene las bases de la convocatoria, modificadas por última vez en 2013. Éstas permiten a los beneficiarios, o a alguien que actúe en su nombre, solicitar la subvención, destinada a "la defensa jurídica de ciudadanos españoles sometidos a juicio en el extranjero acusados de delitos que en el ordenamiento aplicable se puedan castigar con pena de muerte".
Exteriores justifica la existencia de esta subvención por "la excepcionalidad de la pena de muerte", un castigo no previsto en el ordenamiento jurídico español y cuya abolición universal es uno de los objetivos expresos de la política exterior española.
El montante de estas subvenciones también puede utilizarse en los procesos de revisión o repetición de juicios, de recursos de sentencias condenatorias o de solicitud de indulto o conmutación de pena a favor de personas que hayan sido condenadas a muerte.
Es el caso de Pablo Ibar que, tras ser condenado a muerte en 2000 por un triple asesinato del que se declara inocente, ha logrado la repetición de su juicio. El nuevo juicio comenzará el 5 de marzo de 2018.
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