AI denuncia más de 2.300 ejecuciones en el mundo, el 72 por ciento en China

Londres, 24 mar (EFE).- La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) denunció la pasada noche en su informe anual que en el 2008 fueron ejecutadas 2.390 personas en todo el mundo, el 72 por ciento de ellas en China.

En su informe titulado "Condenas a muerte y ejecuciones en 2008", que ofrece una perspectiva general de la pena de muerte, AI señala que la cifra de ejecuciones corresponde a 25 países y agrega que al menos 8.864 personas fueron condenadas a muerte en 52 Estados.

China llevó a cabo al menos 1.718 ejecuciones, el 72 por ciento de las practicadas en todo el mundo, pero AI afirma que la cifra puede ser más alta ya que los datos sobre las condenas de muerte y las ejecuciones son secreto de Estado.

Según la organización no gubernamental, con sede en Londres, sólo un Estado europeo, Bielorrusia, utiliza aún la pena de muerte.

"La pena de muerte es la forma más extrema de castigo cruel, inhumano y degradante", señaló la secretaria general de AI, Irene Khan.

"Las decapitaciones, electrocuciones, ahorcamientos, administraciones de inyecciones letales, fusilamientos y lapidaciones no tienen cabida en el siglo XXI", agregó.

AI hace referencia también a países en los que se impusieron condenas de muerte por juicios injustos, como Afganistán, Arabia Saudí, Irán, Irak, Nigeria, Sudán y Yemen.

El informe hace referencia a la manera discriminatoria en que se aplicó a menudo la pena de muerte en 2008, pues se impusieron condenas a miembros de minorías y comunidades raciales, étnicas y religiosas en países como Arabia Saudí, EEUU, Irán y Sudán.

Asimismo, el riesgo a ejecutar a inocentes persiste, como muestran los casos de cuatro condenados a muerte que fueron excarcelados en EEUU por haberse demostrado su inocencia.

Muchos condenados a muerte sufren duras condiciones de reclusión y soportan penalidades psicológicas, como es el caso de Japón, donde es habitual que no se informe de su ahorcamiento hasta la mañana misma en que se lleva a cabo éste, y a sus familias no se les comunica hasta que ha tenido lugar ya la ejecución, agrega AI.

"La pena capital no es simplemente un acto, sino también un proceso legalizado de terror físico y psicológico, que culmina con la muerte de la persona a manos del Estado", señala Khan.

El texto resalta que gran parte del mundo está avanzando hacia la abolición de la pena de muerte, pues sólo en 25 de los 59 países que la mantienen se registraron realmente ejecuciones en 2008.

Pero AI ha advertido de que, a pesar de esta tendencia, siguen imponiéndose centenares de condenas de muerte en todo el mundo.

Los avances se vieron menoscabados en 2008 por países como San Cristóbal y Nieves, donde tuvo lugar la primera ejecución llevada a cabo en América, fuera de EEUU, desde 2003, y Liberia, donde se reintrodujo la pena de muerte para los delitos de asalto, terrorismo y secuestro de vehículos.

"La buena noticia es que sólo llevaron a cabo ejecuciones un pequeño número de países, lo que muestra que estamos más cerca de conseguir un mundo sin pena de muerte", indicó Khan, quien dijo, no obstante, que la mala noticia es que son centenares las personas que son condenadas a muerte en países que no han suprimido aún la pena capital.

La mayoría de las ejecuciones llevadas a cabo en 2008 tuvieron lugar en Asia, donde 11 países continúan utilizando la pena de muerte: Afganistán, Bangladesh, China, Corea del Norte, Indonesia, Japón, Malasia, Mongolia, Pakistán, Singapur y Vietnam.

La segunda región donde más ejecuciones se llevaron a cabo fue Oriente Medio y el norte de África, con 508.

En América, sólo EEUU lleva a cabo ejecuciones de manera constante, siendo 37 las que tuvieron lugar en 2008 y una en San Cristóbal y Nieves.

Al menos 125 personas fueron condenadas a muerte en seis países: EEUU (al menos 111), Trinidad y Tobago (10), Bahamas (al menos 1), San Cristóbal y Nieves (al menos 1), San Vicente y Granadinas (al menos 1) y Jamaica (1).

En tanto, sólo dos ejecuciones se registraron oficialmente en el África subsahariana en 2008, pero se condenó a muerte a al menos 362 personas.